Los diputados del Cesar por el Centro Democrático, Ricardo Quintero Baute y Claudia Margarita Zuleta, enviaron ante la Junta Directiva del Hospital José David Padilla Villafañe, a finales de junio, un oficio de varios puntos donde cuestionan la relación contractual entre la ESE y la Clínica Laura Daniela.
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En el oficio, primeramente, se hace un recuento de la alianza estratégica firmada entre el centro de salud público y el privado.
“El 24 de septiembre de 2014, entre el Hospital Regional José David Padilla Villafañe y la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela S.A., suscribieron una alianza estratégica cuyo objeto es ‘establecer una alianza estratégica con un prestador de servicios de cuidados intensivos neonatales, pediátricos y adultos, en la sede del Hospital Regional José David Padilla Villafañe Empresa Social del Estado’, para el cual se acordó que no tendría por parte del Hospital aporte en dinero, sin embargo para efectos fiscales se estableció un valor anual de $500.000.000, y que en dado caso de presentarse pérdidas, estas estarían a cargo plenamente del aliado estratégico”, inicia el documento.
La duración de la alianza en mención se estableció en un término mínimo de 20 años. “El pasado 6 de abril de 2020, el suscrito conoció de una solicitud presentada por el representante legal de la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela S.A., Jaime Arce García, en la que le indica al gerente del Hospital, cuatro propuestas de modificación del contrato: constituir una Unión Temporal; realizar una modificación al Presupuesto de Rentas, Gastos y Aprobaciones, aprobado para la vigencia fiscal 2020, efectuándole una adición al mismo; modificar las cláusulas tercera, cuarta y sexta del contrato No. 127 y suscribir un contrato de arrendamiento”, agrega el documento.
El entonces gerente, Fernando Jácome habría desestimado dicha propuesta. Cabe señalar, que según las directivas de la Clínica Laura Daniela ese oficio se desestimó luego.
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Pero, según los diputados del Centro Democrático, tuvieron conocimiento de “presiones ejercidas sobre el exgerente de la ESE para que cediera a las pretensiones del aliado, cuya negativa respuesta ha sido determinante en la reciente decisión de renuncia al cargo”.
A comienzo de mayo se conoció la renuncia de Fernando Jácome, aunque a comienzos de año había sido ratificado en el cargo. Luego, a comienzo de julio, el gobernador encargó a Jackeline Bracho Fernández la gerencia del Hospital José David Padilla Villafañe.
LA POLÉMICA UNIÓN TEMPORAL
Uno de los mayores cuestionamientos sobre la alianza estratégica es la propuesta de modificación con la que se pretendía crear una Unión Temporal entre las partes. Desde la Clínica Laura Daniela, en días anteriores, señalaron a EL PILÓN que en el segundo documento enviado a la directiva se desestimó la idea de crear la unión.
“La pretendida modificación del contrato que busca convertir una alianza estratégica con un prestador de servicio… en una Unión Temporal con el alcance previsto en el documento allegado por el aliado incluye: ‘…unir esfuerzos para la prestación de servicios de salud POS, con el fin de presentar propuestas, participar de convocatorias y negociaciones y suscribir y ejecutar contratos para la prestación de servicios de salud en las diferentes modalidades admitidas por la normatividad vigente con las entidades e instituciones que lo requieran …”.
Según los diputados, un detallado análisis de los documentos permite entender que el propósito inicial, de contar con un operador con experiencia para que operara por su cuenta y riesgo las Unidades de Cuidados Intensivos, “quedaría ampliamente rebasado por una Unión Temporal con la finalidad de presentar propuestas, participar en convocatorias, y negociaciones y suscribir y ejecutar contratos para la prestación de servicios del salud POS…”.
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En términos sencillos se puede decir, agrega el oficio, “el aliado ya no operaría por su cuenta y riesgo las UCI, sino, que se convertirá en un socio para la suscripción de cualquier tipo de contratos para prestar servicios de salud POS”.
De darse el mencionado fin, sostienen, el director de la ESE entraría a ser parte de la Junta directiva de la Unión Temporal, UT, la cual tendría un representante legal en cuya cabeza se confiaría el manejo administrativo y financiero de todos los asuntos administrativo de los contratos suscritos. “Es decir, que para aquellas atenciones relacionadas o derivadas de la atención en las UCI (servicios como hospitalización, laboratorios, entre otros) la gerencia del Hospital perdería totalmente la autonomía administrativa”, afirmaron.
CUESTIONAMIENTOS
Por eso, los diputados plantearon varios cuestionamientos a la Junta Directiva. Empezando, cuestionan sobre ¿qué sentido tiene que la ESE busque una Unión Temporal para prestar los servicios que ya sabe y puede prestar directamente?
“¿Qué sentido tiene haber invertido cerca de $60.000 millones de pesos de recursos públicos para tener una mejor institución y luego entregársela con semejantes prerrogativas a un particular que finalmente lo que busca es su propio lucro y no el bienestar de la comunidad? ¿Por qué razón debería aceptar el pueblo aguachiquense y de toda la región del sur, que su E.S.E termine siendo entregada por 20 años al manejo de particulares, después de años de lucha por convertirla en un patrimonio público?”, cuestionan los representantes.