En coyunturas nacionales que no nos excluyen, el sector salud ha protestado por todo tipo de dificultades; no solo los trabajadores del gremio médico y enfermeros, también los empresarios, los del enorme capital.
Pagos atrasados para personal de IPS por parte de los empresarios, que a su vez reclaman a las EPS y al Gobierno por un gran pasivo vencido, dieron como resultado la ya conocida estrategia del Acuerdo de Punto Final, implementada por el gobierno Duque y que los empresarios del sector han felicitado, pero se han quedado esperándola.
La lista de problemas que constituyen la crisis de la salud es larga y sobre ella hemos editorializado e investigado. Nuestro enfoque en estas líneas tiene que ver con la sorpresiva llegada del Covid-19.
Ni las potencias europeas, asiáticas, lograron estar a la altura del desafío y apenas empieza a verse cierta la luz al final del túnel. No lo ha estado EE. UU., que es considerado el foco actual de la pandemia por los casos comprobados, más de 40 % de los casos de todo el mundo.
En ese sentido, nos preocupamos por Colombia y su frágil salud.
Se escuchan las confesiones del sector público, del privado, del mismo presidente sobre lo poco preparados para afrontar un eventual pico alto de la enfermedad.
Hoy les presentamos una amplia entrevista con Carlos Arce García, el empresario de mayor reconocimiento en el sector de la región, que con varias clínicas y una empresa de suministros médicos en su haber reconoce que se hacen ingentes esfuerzos por dar la talla ante el virus, y que los insumos son escasos. “No se consiguen ni con plata en mano”, expresa, al tiempo que alude a los $180 mil millones que le adeudan a su Grupo Clínica Médicos algunas EPS y otras entidades.
Son escasos en el país los elementos de protección (guantes, tapabocas, batas antifluidos, etc.) para el personal médico y paramédico, el más expuesto, y que día y noche le pone el pecho al asunto.
No vamos a hablar mal de los empresarios de la salud. Han cometido errores, y no solo de mostrarse en ocasiones hasta insensibles frente a los dramas de los usuarios. También se dice así del personal administrativo de las IPS, los hospitales y clínicas. Y del negocio que hay detrás. Todo puede tener cierta verdad. Pero vayamos a la nuez del problema.
Mientras a las IPS privadas se les deban en el departamento más de $230 mil millones por las EPS vigentes y quebradas o intervenidas y liquidadas por el Gobierno (por malos manejos en muchos casos, pero es otra discusión), antes del coronavirus, y los recursos anunciados no habían llegado; cuando al sistema de salud pública como al Hospital Rosario Pumarejo de López, que cubre a los pobres no asegurados y a migrantes venezolanos, no se le cubre el déficit de $50.000 millones de esas EPS, vigentes y en liquidación, y $25.000 millones de la atención a migrantes, sí que es difícil atender la emergencia. Primero, que el Gobierno dé o asegure los recursos – y los gobiernos territoriales también- para poner al día las cuentas (el punto final) o esa pandemia terminará crucificándonos.