Después de 45 años, en noviembre de 2013, el expresidente Juan Manuel Santos, ordenó al director del Dane, realizar un censo agropecuario para tener un verdadero diagnostico del sector agrícola y poder formular a futuro, políticas públicas acertadas para el campo colombiano.
Este censo (que tuvo un costo superior a los 240 mil millones de pesos), arrojó cifras muy preocupantes del sector agropecuario. De los 2.7 millones de productores censados, el 89% dijo estar por fuera del sistema financiero y no haber recibido nunca asistencia técnica del Estado. Mientras que, el 83% dijo no contar con sistema de riego, maquinaria agrícola y acceso a escuelas rurales. Y para rematar, de cada cien productores del campo, 54 dijeron no tener sus títulos al día.
Estos resultados demuestran que hemos dirigido muy mal las políticas de crédito agropecuario, asistencia técnica y acceso a tierras. O ¿cómo explicar, que después de 5 años, de millonarias inversiones públicas (más de 10 billones de pesos) en el sector agropecuario, no hemos sido capaces de lograr subir el PIB agropecuario siquiera por encima del 3%? La gestión del saliente ministro de agricultura, fue una vergüenza. Mientras tanto, la pobreza rural y la ineficiencia productiva siguen galopando a pasos muy alígeros.
Ante este preocupante panorama no queda otra alternativa que hacer cambios estructurales en los programas de ayudas e incentivos a la productividad agropecuaria. En Colombia existe una imperiosa necesidad de mejorar la gestión del riesgo, la productividad y la rentabilidad de los agro negocios, es por ello, que debemos plantear como prioridad, el rediseño de la normativa que rige al sector agropecuario. Para empezar, es imperioso delinear una legislación acorde con la realidad del país, teniendo en cuenta que las condiciones sociales, económicas y culturales son diferentes a las encontradas por el legislador a principio de la década de los 90, cuando se expidieron todas las normas que rigen actualmente el sector agropecuario de país.
¿Cuántos años más tenemos que esperar para implantar un esquema de crédito que financie proyectos productivos y no al sujeto del crédito? ¿Hasta cuando vamos a seguir limitando la inversión privada en grandes en grandes proyectos productivos en zonas apartadas como la Orinoquia, Altillanura, Catatumbo, Urabá, Sur de Bolívar y Tumaco? ¿No les da vergüenza, seguir entregando subsidios agrícolas a sectores y empresarios ineficientes? ¿Vamos a continuar construyendo distritos de riego para fomentar la especulación en los precios de los arriendos de la tierra? ¿Vamos a seguir patrocinando el ineficiente y corrupto sistema de control sanitario y fitosanitario público del país? ¡Por Dios! Ya está bueno de tanta inoperancia y corrupción.
Hace un año propuse al Gobierno, a los gremios de la producción agropecuaria y a las Comisiones Quinta de Cámara y Senado, crear una mesa de trabajo para abordar estos temas, pero nadie escuchó. Se les acabó el tiempo señores, no les dé pereza gobernar. Llegó el momento de dignificar el trabajo de los productores del campo.
En el tintero: en hora buena, la Corte Suprema de Justicia, en su reiterada jurisprudencia, ha pavimentado el camino para el desarrollo productivo de los baldíos en Colombia.