El Gobierno, con exceso de confianza, pretendió llegar al “mejor acuerdo posible” con las Farc, sin intentar primero un “Acuerdo Nacional” que soportara las negociaciones y les garantizara un verdadero blindaje, mayor inclusive al de subirlo a la Constitución.
El presidente, como responsable del orden público y la seguridad nacional, tiene competencias para negociar con grupos al margen de la ley, con limitaciones, claro está, pues no puede, por supuesto, negociar las instituciones y el orden constitucional, que fue la peligrosa línea en que se movió el proceso con las Farc. Dentro de esas competencias y limitaciones, el presidente no estaba obligado a someter a refrendación el acuerdo con las Farc y podía haberse echado a sus espaldas toda la responsabilidad política.
Pero si se autoimpuso el compromiso del plebiscito, con acto legislativo y sentencia de la Corte Constitucional, entonces se producen nuevas reglas de juego a las que el Presidente se debe someter, sin perder sus facultades constitucionales, pero sin poder usarlas en esta negociación, porque renunció a ellas voluntariamente. Así las cosas, el Gobierno no puede aceptar un día los resultados del plebiscito, y al siguiente abrogarse sus atribuciones para desoír la voluntad popular.
Las urnas dieron su veredicto. Por estrecha mayoría, es cierto, condición por la que pretende ser desestimada por algunos sectores que le hacen más daño que favor al Presidente, quien por estrecha mayoría ganó también la reelección, y ahí está, sin que nadie cuestione la validez de su mandato, al menos por esa razón.
Dentro de esa nueva realidad los sectores del NO invitaron al Acuerdo Nacional para ajustar lo negociado, un proceso que empezó bien, con la convocatoria del presidente y una respuesta muy positiva de la contraparte. Pero entonces, abruptamente, se volvió a cerrar la puerta. Para mí, los sectores del No deberían haber tenido un “cuarto de al lado” en La Habana. Pero no. El Gobierno se llevó las propuestas, las priorizó y negoció, otra vez en secreto, como si no hubiera existido plebiscito, como si no fueran los voceros del mandato popular, sino apenas del Gobierno con sus atribuciones.
La firma del nuevo Acuerdo Final fue un portazo para quienes, con sus votos, tenían derecho a una revisión y una segunda instancia, antes de la firma definitiva. No se trataba de dilatar indefinidamente, sino de continuar en modo de “acuerdo nacional” y no de actuaciones unilaterales. El Gobierno cerró la puerta y descartó además un nuevo plebiscito, quedándole el camino riesgoso, a pesar de sus mayorías, del trámite ordinario en el Congreso, o el seguro del fast track, aunque no creo que la Corte declare inexequible el artículo 5º del Acto Legislativo, con lo cual el plebiscito iría al cesto de la basura y la democracia habría sido burlada.