Enhorabuena los congresistas le dieron luz verde al proyecto de ley que le da dientes a la Superintendencia de Salud para sancionar con mayor rigurosidad a quienes atentan contra los recursos de la salud y garantizar que no lo sigan haciendo.
Se trata del mejor regalo de Navidad para los miles de pacientes afectados por los malos servicios de las entidades prestadoras de los servicios de salud en el país.
Ahora, en el escritorio del presidente Iván Duque Márquez quedó para su firma el proyecto de ley que deberá tener la sanción presidencial antes del Año Nuevo, para convertirse en Ley de la República.
Estamos complacidos con la buena nueva, pero no es suficiente que se haya aumentado la capacidad sancionatoria de la Supersalud, que pasará de imponer multas de 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes hasta 8.000 para personas jurídicas y hasta los 2.000 para personas naturales, e inhabilidad de hasta por 15 años a representantes legales, revisores fiscales y gerentes de EPS o de las demás entidades vigiladas.
Debe garantizarse por parte del organismo de control que las sanciones no queden en el papel y no se diluyan en los tediosos procesos jurídicos. Si bien estas son buenas medidas disuasivas, también debe haber acciones preventivas para que las entidades del sector, principalmente las EPS, no sigan cometiendo abusos y violaciones en la prestación de este servicio.
No basta con sancionar, hay que hacer cumplir las obligaciones de las entidades sin tanta tramitología porque la salud no da espera, los usuarios deben contar atención médica pertinente y a tiempo, no deberían esperar que los jueces amparen el derecho a la salud con los fallos de tutela, que muchas veces tampoco se cumplen.
En ese sentido, hay que destacar otro de los alcances del proyecto ley, como es la consolidación del juez de la Superintendencia como juez técnico de la salud. Es decir, la entidad podrá dedicarse más a los riesgos en salud que a los riesgos económicos, con la eliminación de competencias jurisdiccionales que no corresponden propiamente al objeto de la entidad.
Una vez entre en vigencia, esperamos que la mano dura de la Supersalud se haga sentir, teniendo en cuenta que podrá suspender el certificado de autorización, hacer cierres temporales o definitivos de uno o varios servicios y remover del cargo a los representantes legales, revisores fiscales y gerentes de EPS o de las demás entidades vigiladas, e inhabilitarlos hasta por 15 años para ocupar cargos en entidades o instituciones públicas y privadas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Lo que se esperamos es que las personas que criminalizan la salud, al no manejar bien los recursos del sector, salgan del sistema.
Los problemas del sistema de salud son tan complejos que no solo los pacientes padecen, también los médicos por la no cancelación y demoras en el pago de salarios en la mayoría de centros asistenciales.
En el caso de Valledupar, ya se habla de un posible paro de profesionales de la medicina, tanto del sector público como del privado. Los médicos se están enfermando, porque no les pagan y deben doblarse en turnos en diferentes entidades para sobrellevar la crisis.