La jueza cuarta Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, Mónica Lisbeth Palacio Grozo, fue destituida e inhabilitada por un periodo de 10 años tras la decisión de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar.
Con ponencia de la magistrada Gloria Inés Meza Armenta, la máxima autoridad disciplinaria de la rama judicial determinó declarar “responsable a Palacio, al incurrir en la inobservancia del deber del artículo 153 numeral 1 de la Ley 270 de 1996, y el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en la modalidad de culpabilidad dolosa”.
El hecho objeto de sanción se relaciona con el caso del reconocido abogado José Joaquín Cariaciolo Carrillo, quien fue víctima de tentativa de homicidio en hechos registrados en Valledupar.
El jurista fue atacado por dos ciudadanos venezolanos que llegaron hasta su vivienda “lo amarraron de pies y manos y por poco le causan la muerte por asfixia mecánica”, con el objeto de atracarlo.
Los sujetos posteriormente fueron capturados en flagrancia, sin embargo, a pesar de los elementos materiales probatorios presentados, la jueza ordenó concederles el beneficio de la medida de aseguramiento en sus lugares de residencia.
Se conoció que tiempo después, los procesados se dieron a la fuga representando un peligro para la sociedad.
Por lo anterior expuesto, en la decisión adoptada se consideró que la magistrada incurrió en una falta gravísima.
El abogado afectado argumentó que el actuar de Palacio constituye en prevaricato.