Estamos verdaderamente más que consternados, profundamente desesperanzados. El mes de junio que acaba de pasar dos hechos profundizaron el pesimismo en materia de seguridad en Colombia: el primero, el estallido del carro bomba en la cara de la Brigada 30 del Ejército Nacional, de los marines del Comando Sur de los Estados Unidos y de la más Experimentada Estructura de Apoyo, EDA, de la Fiscalía General de la Nación; es decir, fue un atentado a tres bandas, hecho que no se registraba en el Ejército desde el año de 1999 cuando las milicias de las FARC acabaron con la cuarta brigada del ejército en Medellín. El segundo hecho lamentable fue el atentado en contra del presidente Iván Duque Márquez y su comitiva, único atentado donde el primer mandatario de Colombia se vio involucrado.
Los dos atentados tienen unas connotaciones de altísima gravedad, puesto que se dieron en el casco urbano de Cúcuta, no fueron atentados en las complicadas montañas y climatológicas del Catatumbo. Fue una bofetada a la seguridad nacional y a la política de seguridad democrática del partido de Gobierno, puesto que los grupos armados del ELN, el EPL, las disidencias del FARC, el Clan del Golfo, Los Urabeños, Los Rastrojos, Los Sinaloa y Los Jaliscos Nueva Generación (que operan en Norte de Santander) iban por la corona de la joya, golpear la dignidad de la fuerza pública, del ente acusador, la dignidad de la seguridad presidencial y la dignidad de los atortolados marines de los Estados Unidos.
Lo sorprendente es que el Gobierno nacional no se ha dado cuenta que los más de 3.500 millones de dólares que generan las ganancias a los narcotraficantes del Catatumbo, solo en el año 2020, superan el cúmulo de la fortuna de Pablo Escobar Gaviria en su “época de gloria”, esto les ha permitido expandir la guerra del Catatumbo a todo el departamento de Norte de Santander y en especial al área metropolitana de Cúcuta, así como también, a la serranía del Perijá y el Magdalena Medio Santandereano.
Perece ser que nos encontramos en una época similar a la de Pablo Escobar en Medellín, donde estas estructuras tienen la capacidad de infiltrar, corromper y dividir la fuerza pública, los organismos de inteligencia y de investigación del Estado. En Norte de Santander y sus alrededores desde hace más de dos décadas las campañas políticas son alimentadas con recursos del narcotráfico y se han apoderado de cargos públicos claves, como el del Hospital de Ocaña ‘Emiro Quintero Cañizares’, donde instalaron un terminal de narco ambulancias que transportaba cocaína a los grandes puertos de la costa Caribe con la complicidad de un sistema de salud que permite que los pacientes sean remitidos de la región del Catatumbo hacia a la Guajira, Magdalena y Atlántico, para luego reembarcar las drogas desde los puertos hacia Estados Unidos y Europa.
EXPANSIÓN
La guerra y la estrategia del control territorial de los grupos de narcotraficantes dejó de ser focalizada en los nueve municipios que comprenden el Catatumbo a expansiva; es decir, se trasladó y enquistó a todo el departamento de Norte de Santander y en especial en el área metropolitana de Cúcuta, a la serranía del Perijá del departamento del Cesar y en las goteras de Bucaramanga.
Mientras toda esto ocurre, el ejecutivo y las agencias de seguridad del Estado no son capaces de leer que la gran Serranía de los Motilones o serranía del Perijá nace en el páramo de jurisdicciones de Abrego, cabeza del Catatumbo; transitan por Ocaña, corazón del Catatumbo; tienen la mano amiga de Aguachica, se albergan en el hígado o Altos Bobalí, que limitan entre el Carmen y Curumaní; tienen sus pulmones en Filo Gringo y la Gabarra, y sus tobillos son Manaure y La Paz en el Cesar. No en vano en al año de 2004, la fiebre amarilla entró por Venezuela al Catatumbo, pasó por el Perijá del Cesar y culminó en la Sierra Nevada de Santa Marta.
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Tampoco las agencias de seguridad del Estado han querido o no les conviene actuar en el triángulo que comunica la Serranía de San Lucas, Catatumbo y la serranía del Perijá del Cesar; estas dos últimas hacia Venezuela. En esta zona es de suma urgencia crear en Aguachica, por su conectividad con estas regiones al río Magdalena, un comando conjunto de las fuerzas militares a cargo de un mayor general del Ejército, que pueda controlar de mejor forma las movilidades de estos hacia la costa Caribe y al Magdalena Medio y que rompa de una vez por toda las zonas grises de I, II y VII División del Ejército.
Preocupa como el Ejército y la Policía Nacional están realizando operaciones militares como si estuvieran con los ojos vendados, cómo sus operaciones no tienen el fin de llegar y consolidar militarmente las áreas más estratégicas del Catatumbo. Es decir, operaciones golondrinas, como igualmente las puertas y ventanas de estas áreas están de par en par; es por lo que la comunidad catatumbera clama para ser liberada de la esclavitud moderna del narcotráfico. Sorprende de igual manera, como se le paran ‘los pelos de punta’ al Ejército Nacional y a la Policía Nacional cuando se propone que la Infantería de Marina se haga cargo de la cuenca del río Catatumbo, todo parece indicar que a más alto nivel pudiese haber una convivencia con lo que ocurre en esta región.
La coordinación interagencial a todo nivel es un chiste, la I, II y VII División del Ejército no realizan ni ejecutan planes operacionales conjuntas, es por lo que reitero la necesidad de un comando conjunto en Aguachica, sumado a ello, existe profundas e históricas desconfianzas entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional de Colombia.
Por otro lado, los secretarios de Gobierno de los departamentos son comodines políticos, personajes con un profundo desconocimiento de su territorio y muchas ansias electoreras. Para colocar un ejemplo, en el departamento del Cesar, el gobernador que no tiene a salvo la seguridad del Cesar, ha tenido en 18 meses tres secretarios de Gobierno.
Recomiendo que se conforme un Consejo Regional de Seguridad, presidido por el presidente de Colombia, el ministro de Defensa y donde participen los gobernadores del Cesar, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar y Santander. Consejo de seguridad donde se evalué y retroalimente la política de seguridad y de Derechos Humanos en la región del Catatumbo, sur de Bolívar, serranía del Perijá y Magdalena Medio; en dichos consejos hay que evitar que al presidente y al ministro de Defensa se le digan mentiras y que se muestren supuestos resultados operacionales cuando, la verdad se ha dicha, en estos territorios durante décadas han transitado los más peligrosos comandantes o jefes de organizaciones criminales y el único resultado de alto valor fue la muerte de Megateo.
EL SUEÑO DE UNA VÍA
Hablando de alto valor, es una equivocación pensar que con eliminar a un comandante delincuencial se acaba el narcotráfico; por lo contrario, surgen nuevos actores en el negocio, puesto que las condiciones territoriales no cambian, por lo que recomiendo que los territorios del Catatumbo, sur de Bolívar, serranía del Perijá y Magdalena Medio sean declarado de alto valor, para ello el Gobierno nacional debe apropiar los recursos suficientes de inversión social, ambiental, de infraestructura vial y productividad.
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Pero esta solicitud es un sueño, todos los proyectos que requieren estas grandes regiones han quedado en promesas o se han siniestrado como la vía Ocaña–Gamarra, que se la robó la multinacional de sobornos de Odebrecht con asocio de los políticos de Córdoba, Cesar y Norte de Santander; la misma suerte corrió con el puerto de Andalucía en Gamarra, o las tan anheladas obras como la vía férrea de La Dorada-Gamarra -Chiriguaná – Santa Marta, o la propia navegabilidad del río Magdalena.
Caso excepcional y de seguridad nacional merece la construcción de la vía Cúcuta- Tibú-La Mata, vía que atravesaría la columna vertebral del Catatumbo, que lograría sacar a nuestros campesinos de la esclavitud de los cultivos ilícitos y colocaría sus apetecidos productos en cuestiones de horas al río Magdalena y a la costa Caribe, pero también, se convertiría en el gran pretexto para recuperar casi el 50 % de la seguridad del Catatumbo.
La promesa de hacer esta vía la venimos escuchando desde Samper, Pastrana, Uribe, Santos y más recientemente por el presidente Iván Duque, cuando desde Tibú el 9 de agosto de 2018, dos días después de su posesión, la anunció. Esta vía y una vía férrea al lado, que comunique a Norte de Santander con el puerto de Andalucía en Gamarra; sería la estrategia de seguridad, inversión social y competitividad más importante y apremiante, pero los billones de las vías 4G se dedican a las regiones donde hay mayores electores como la sabana de Bogotá, el Atlántico y Medellín. N Nuestro pecado es que nuestra región no influye en las elecciones, pero los testarudos del gobierno central no entienden que desde el Catatumbo se ha configurado un nuevo escenario de inseguridad nacional y transnacional.
A todo esto, se suma que las agencias sociales del Estado están totalmente desarticuladas de los grandes proyectos de inversión que requieren estos territorios y estas a su vez, con las grandes necesidades de coordinación y consolidación social que tanto clama la fuerza pública como ejercicio legítimo de anclaje territorial. Aquí la recomendación es que se cree nuevamente el Centro Nacional de Coordinación Inter-agencial, única estrategia que en los años 2005 al 2010 logró consolidar algunos territorios como la Sierra Nevada de Santa Marta… Pero me asombra como el 2 de julio se anunciara con ‘bombos y platillos’ el Decreto 741 de 2021, suscrito por el presidente de Colombia y sus ministros, en donde fija políticas del nuevo Consejo de Seguridad Nacional, en el que solo involucran a DNP y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles, fuera de esto, no dicen nada, es como si el alto Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, también actuara con los ojos vendados.
Además de lo anterior, los PDET y los OCAD, que en últimas son los mecanismos de aprobación de proyectos en estas regiones, están totalmente descoordinados, politizados y no piensan en grande, solo en proyectos de impactos pequeños y sin valores agregados; no se piensa como región, se actúa como parcela de proyectos, es por ello, por lo que Emilio Archila, hombre honesto, es el llamado a articular la acción social del estado con ‘enfoques de territorialidad compartida’.
Pese a lo señalado estoy plenamente seguro de que la región de Catatumbo, la serranía del Perijá y la serranía de San Lucas es la tierra donde fluye ‘leche y miel’; que sus riquísimos suelos son el futuro del abastecimiento alimentario del bono generacional de la costa Caribe y de Centro América, que estas tierras deben dedicarse a sembrar agua, oxígeno y comida, y que sus tierras deben estar libres de cultivos ilícitos, minería ilegal y de los proyectos minero-energéticos.
Las balas no apagan la luz de un dirigente social, solo el miedo y la corrupción hace que no brille.
Por: Edwar Alvarez Vacca