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Desnutrición, desplazamiento y miedo en Becerril

La Secretaría de Salud Departamental informó que a la semana 22, se encuentran notificados siete casos de muertes por desnutrición en menores de cinco años: cinco niños indígenas y dos de población general. EL PILÓN / Archivo.

En el municipio de Becerril la situación se complica para los indígenas que habitan en la Serranía de Perijá. EL PILÓN conoció que 58 familias de la etnia wiwa sufren por problemas de tierra, desnutrición y hacinamiento. Los niños (105) son los más afectados.

Los indígenas son la población más afectada por el tema de desnutrición en el Cesar, en lo que va del año, cinco menores nativos murieron en cuatro municipios del departamento.
El flagelo está a punto de aumentar en el Cesar porque una disputa territorial entre indígenas Yukpas y Wiwas causó el desplazamiento del 90 % de las familias de estos últimos, ubicadas en el Resguardo Campo Alegre, en el municipio de Becerril. La comunidad salió del predio por amenazas y hoy sienten el abandono estatal al no encontrar soluciones para subsistir.

La desnutrición en Colombia, según el Instituto Nacional de Salud, solo en la última semana causó 10 fallecimientos, pero el Instituto trata de determinar la causa de las muertes e investiga otras patologías que habrían ocasionado los hechos.

El ente nacional precisó que la mayor parte de los fallecimientos se concentran en La Guajira con el 12.8 por ciento de los casos, así como en Cesar que presenta un 8,5 %, Chocó (8,5%) y Córdoba (6,4%).
El informe además detalla que el 63 % de los menores que han muerto corresponde a niños, mientras que el 37 son niñas, y el 77.7 estaba afiliado al régimen subsidiado al momento del deceso.
El personero d Becerril, Juan Manuel Pizarro, aseguró que “hasta el momento hay 172 personas de la etnia Wiwa en Becerril, 105 de ellos son niños, unas 58 familias”, pero “lo más grave es que el día sábado hicimos un censo y encontramos que cinco niños están en estado de desnutrición, el pasado martes estaban atendiendo a uno de los menores en el hospital y se tenía pensado remitirlo a Valledupar”.

Disputa de tierra

Son 1.141 hectáreas de tierra las que piden los Yukpas se les devuelva porque hacen parte de su tradición ancestral, pero hace 20 años el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) autorizó dichos predios para siete familias que llegaron de la Sierra Nevada de Santa Marta. Con el tiempo fueron creciendo y a la fecha son 83 familias, unas 460 personas aproximadamente, que el pasado 18 de junio les tocó salir huyendo debido a que los Yukpas reclamaron su territorio.

Según el funcionario del Ministerio Público, “el Incoder dio un plazo de 18 meses para restituir 1.141 hectáreas del resguardo Campo Alegre, ubicado a unas tres horas del casco urbano de Becerril, que serían otorgadas en El Molino (La Guajira). Los Yukpas el 7 de junio hicieron una reunión convocando a la etnia Wiwa y le manifestaron que les daban un mes, a partir del 18 de junio hasta el 18 de julio, para que desocuparan, porque así lo habían decidido en asamblea general o de no tomarían el territorio a la fuerza”.

Según la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, en el Cesar hay más de 326.000 víctimas de distintos hechos como desplazamiento, homicidio, pérdida de bienes, desaparición, secuestro, entre otros; la mayor cantidad es por desplazamiento -286.180-, flagelo que está a punto aumentar con el caso actual en el centro del Cesar.

Pueblo fantasma

El resguardo Campo Alegre está a punto de convertirse en un “pueblo fantasma”. Las 483 personas que allí sobrevivían de criar ganado, chivos, cerdos, gallinas y cultivar algunas huertas, salieron huyendo por las amenazas de indígenas Yukpas.

María Milena Malo Malo, secretaria del Resguardo de la etnia Wiwa, lamenta la situación y culpa al Estado del hecho. “Nosotros como resguardo nos sentimos muy olvidados de la institucionalidad, esta problemática no es de ayer, viene hace un mes en conocimiento de las instituciones, porque radicamos documentos en la alcaldía y el Ministerio del Interior”.

Argumentó que la Personería de Becerril ha sido la única entidad que ha dado frente al hecho que hasta ahora deja 172 personas hacinadas en la Casa Indígena, “ninguna otras institución ha llegado con ayudas humanitarias. El albergue tiene dos piezas, le pedimos a la alcaldía que lo adecuara, porque dada la cantidad de personas que hay, la batería sanitaria no es apta, estamos en condiciones inhumanas”.

Explicó también que sienten temor porque todos sus paisanos están saliendo del resguardo, “hoy Campo Alegre es un pueblo fantasma. No tenemos solución y allá están nuestros animales”.

Nuevo resguardo

“La problemática está en que ahí debe hacerse un nuevo resguardo, eso debe ser en cabeza del Incoder, porque el municipio ni tiene la capacidad, ni es el indicado para dar esa solución”, declaró Alberto Suárez, secretario de Gobierno de Becerril.
El funcionario aclaró que deberán aplicar la atención humanitaria primaria, porque el municipio no está en la capacidad de atender todo el desplazamiento de la etnia, por eso solicitaron ayuda a los entes departamentales y nacionales.

“Se había llegado a un acuerdo con el Incoder de comprar el 50 % de las tierras este año y el otro 50 el año siguiente en El Molino (La Guajira), pero resulta que las exigencias cambiaron y la etnia Yukpa puso un plazo para que el resguardo saliera, de todas maneras ese es un territorio de los Yukpas”, dijo Suárez, agregando que “eso fue un error del Estado, el Incoder debe corregirlo porque cuando iba hacer el resguardo lo primero era hacer un estudio socioeconómico, sin embargo, no tuvieron en cuenta eso y se autorizó el resguardo, por eso tenemos el problema”.

Sobre las denuncias de la etnia Wiwa de no recibir atención por parte de la administración, el secretario de Gobierno dijo que “primero tenemos que adecuar el sitio que tienen, ya hablamos con ellos y se debe hacer una especie de salón para que puedan estar ahí, si existe la posibilidad de buscar otro lugar se debe hacer, debemos darles el trato más humano posible mientras se soluciona el problema de la compra de las tierras”.

Las cifras del Cesar

La Secretaría de Salud Departamental informó que a la semana 22, se encuentran notificados siete casos de muertes por desnutrición en menores de cinco años: cinco niños indígenas y dos de población general. De esos siete, hay cuatro confirmados a través del Comité de Vigilancia Epidemiológica, Cove, y tres están en estudio (casos sobre niños indígenas).
Los municipios donde se han presentado los decesos por desnutrición son: Valledupar (dos indígena, uno en población general (Mariangola), existen dos confirmados y uno en estudio (indígena); dos en Pueblo Bello (indígenas), uno confirmado y otro en estudio; uno en Becerril (indígena) en estudio; otro en Bosconia (indígena) confirmado.
La información de Colombia, a la semana 22, está así: La Guajira 14; Chocó 8; Cesar 7; Antioquia 6; Bolívar 6; Córdoba 6; Nariño 5.

¿Qué sucede con los niños indígenas?

La Secretaría de Salud del Cesar asegura que ha estado atenta al manejo de desnutrición en los indígenas, pero las costumbres y creencias de ellos aleja a la entidad.
“Existen múltiples factores, el cultural es uno de ellos; a pesar de que en municipios como Codazzi y Pueblo Bello hay centros de recuperación nutricional (CNR), y que Dusakawi también tiene un CRN, es muy difícil hacer que los padres lleven a los niños allí. Sus costumbres, sus tradiciones, también influyen mucho a la hora de alimentar a los niños, y no es fácil tratar de cambiarlas”, dijo la secretaria de Salud, Erika Mendoza Gómez.

La funcionaria explicó que dentro de las prácticas culturales que inciden directamente sobre las altas tasas de mortalidad asociada a desnutrición en la zona indígena encontraron el inicio temprano de la maternidad. “Las niñas y jóvenes en edades muy tempranas son madres sin tener la preparación física, económica e intelectual para afrontar la responsabilidad de ser padres. Su nivel educativo es casi siempre nulo y el espacio entre un hijo y otro son extremadamente cortos”.

Para la sectorial los programas institucionales de entrega de ayudas alimentarias a través del Icbf, salud pública, entre otros de entrega de alimentación por ración servida, hogares comunitarios, centros de recuperación nutricional, complementación y suplementos alimentaria o entrega de paquetes de alimentos, “sin el ánimo de desconocer su importancia y aporte al momento de minimizar los casos de muertes por desnutrición, han generado una dependencia negativa en lo adultos responsables de los menores indígenas”.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
carlos.jimenez@elpilon.com.co

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