La abogada egresada de la Universidad Popular del Cesar, Amarilis Llanos, escribió en Facebook: “Por las redes ofrecieron dinero, ‘arreglo de notas’, de materias, de semestres… por un voto”. Así de escueto ocurrió el pasado nueve de junio durante una consulta eleccionaria para escoger cinco candidatos elegibles como Rector.
Es que la abogada refiere que unos candidatos no solo compraron votos a 20 y 50 mil pesos; otros candidatos y presuntos funcionarios de la Gobernación y de la misma UPC también constriñeron a los estudiantes y docentes con notas y cargos, dicen en todas partes.
Lo extraño es que los del Tribunal de Garantías, el Rector y los directivos, la Procuraduría, la Viceministra o la Ministra, la Asociación de Profesores Universitarios, el sindicato, los docentes, estudiantes, egresados y administrativos no hayan levantado su voz y su lápiz para denunciar a esa manada de delincuentes.
Lo otro es que la Viceministra de Educación en vez de salir a vociferar que todo es culpa de la UPC, debería usar su investidura para que los órganos judiciales y disciplinarios asuman sus investigaciones y metan a la cárcel a los culpables de que la UPC esté así como está: de última. Además, no mirar a la UPC como la mala del paseo porque también el Estado tiene culpa por permitir tanta aberración para sacar provecho de sus potenciales electorales y poner allí a sus “amigazos” del gobierno. Como se dice que pretende hacerlo ahora.
El Gobierno ensaya intervenir a la UPC, pero en esa intervención debe venir con dinero para adelantar los procesos de cualificación, de laboratorios, de pago digno a los docentes, de infraestructura y sobre todo de dotaciones académicas y de acompañamientos, pero no para montar nuevo Rector y que siga la francachela, sino para que tengamos una universidad para y de todos, con inclusión.
El fraude electoral ya lo hicieron y para tumbarlo deben acudir ante un Juez. Lo que se quiere ahora es que no siga pasando lo mismo que siempre pasa: el Gobierno pendiente de poner a uno de los de ellos, en este caso al que presuntamente apadrinó la Gobernación (Enrique Meza).
Mis consejeros periodísticos saben que el lunes llegaron siete funcionarios del Ministerio de Educación a escudriñar y analizar los procesos que se vienen dando en la UPC, porque todo mundo afirma que se cuecen cosas en contabilidad y la administración.
Además, de manera trivial se cayó el concurso de méritos para 60 docentes porque los rubros los trasladaron y está en la mira del Ministerio asignar un Rector provisional, de acompañamiento, hasta cuando se descubra la verdad de todo y sus implicados.
Lo otro es que el próximo viernes debe sesionar el Consejo Superior Universitario para designar nuevo Rector, si es que el Gobierno asiste porque cuentan que hay renuentes en no permitir que se posesionen dos nuevos miembros del CSU: Adelmar Palmera por los gremios y el de los ex rectores.
Lo que se quiere es que el Gobierno respete y no venga a Valledupar a irrespetar a la sociedad criticando y por el otro lado imponiendo lo suyo en la UPC, como dicen que pretenden los congresistas cesarenses, el Partido de la U, Cambio Radical, etc., junto al Gobernador. Tiene la palabra la Ministra Yina Parodi: ¡ojo a la mermelada! Hasta la próxima semana.