A propósito de un tema que se ha problematizado en el proyecto de acto legislativo denominado equilibrio de poderes, le recordaba al legislador Eloy “chichi” Quintero Romero que en el año 1988 cuando estuve fugazmente en el Congreso, puntualmente propuse equilibrar que así como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el entretanto de un proceso penal, en plata blanca y en lenguaje coloquial podía poner preso a un senador o representante, en igualdad de condiciones, en el procedimiento que se le seguía a los aforados constitucionales como los Magistrados de altas cortes y al Fiscal General, pudiera también dictárseles detenciones preventivas.
Le planteé al congresista Quintero que cuando el proyecto deambulara por la Cámara de Representantes donde hoy por bondad de la democracia ocupa un escaño, se atreviera poner sin tapujos ese dedo en la llaga, habida consideración de que se ufana que no tiene pelos en la lengua y no le tiene miedo a nada. Pero me contestó, -nunca!!, -eso jamás!!. Todo quien lo ha intentado termina investigado casi de ipso facto por la CSJ. Y preso, dijo.
Y eso es verdad siempre ha sido así. Recordé que el inefable ex representante Pablo Ardila llamo a indagatoria a magistrados de la sala penal de la CSJ y la repuesta de la corporación judicial por conducto de conjueces, fue investigarlo y detenerlo.
En el esquema vigente, al Presidente de la Republica (rama ejecutiva), a los Magistrados de altas cortes y al Fiscal General (rama judicial) gozan de un enredado privilegio. Los investiga, acusa y juzga el congreso (rama legislativa) en lo que eufemísticamente se llama juicio político. Y eventualmente los juzga en juicio penal la CSJ. Ese procedimiento es un bodrio.
Ante la propuesta del Tribunal de Aforados para que no solo investigue y acuse a los Magistrados de altas cortes y al Fiscal General sino que igualmente los juzgue, el fiscal Eduardo Montealegre Lynet puso el grito en el cielo, porque avizora la probabilidad que pudieran ser objeto de medidas de aseguramiento preventivas. Y enseguida descompuesto empezó a descalificar la idea con toda suerte de epítetos.
Siempre se repiten las mismas frases recicladas, que el congreso es revanchista. Que el proyecto no es oportuno. Que esto o aquello, lo de allá, o lo de mas allá, en todo caso siempre se habrá de bombardear la posibilidad que al Fiscal o un Magistrado de alta corte (intocables e impunes) los pudieran poner presos en fase de investigación como paradójica e irónicamente ocurre frente a un congresista a quienes la CSJ si los envía a la cárcel. Hasta por opinar.
El desequilibrio se presenta igualmente frente por ejemplo al Procurador General de la Nación ora el Contralor General de la Republica, quienes no hacen parte de ninguna de las tres ramas del poder público, sino que son órganos constitucionales autónomos a quienes los investiga y acusa el Fiscal General y eventualmente pone preso la rama judicial. Recuérdese que la Fiscalía General de la Nación, pretende que a la ex contralora Sandra Moreli Rico, se le dicte detención preventiva por un Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Obvio que en esta materia el congreso es timorato, pusilánime e intimidado. Lo extraño es que tienen la oportunidad de equilibrar poderes, en fórmula maquiavélica: ah, me puedes poner preso yo también. O la fórmula equitativa: los aforados solo vamos a la cárcel una vez vencidos en juicio. No antes.