En una reciente auditoría de desempeño a los recursos asignados al Programa de Alimentación Escolar –PAE-, durante la vigencia 2016, la Contraloría General de la República evidenció que se requiere ajustar la distribución de competencias, el esquema de financiación, y el manejo de los recursos dispuestos para el programa, de forma tal que los mismos sean consistentes con el número de niños que deben atenderse diariamente, a la hora exacta, en las cantidades requeridas y con productos de óptima calidad.
Los resultados del Programa de Alimentación Escolar a nivel nacional evidencian que sobretodo, se requieren esquemas de operación del programa que le permitan a las entidades responsables de atenderlo, encontrarse lo suficientemente cerca de los beneficiarios del mismo, aprovechando las ventajas de la oferta local y de las economías de escala, y que sean consistentes con la conformación del sector educativo.
Lo anterior cobra aún mayor relevancia, con ocasión del pronunciamiento de la Corte Constitucional, a través de su Sentencia T-475 de 2016, donde el alto tribunal ratificó una vez más que los niños son sujetos de protección constitucional reforzada, por lo cual la satisfacción de sus derechos e intereses debe constituir el objetivo primario de toda actuación, sea oficial o sea privada. Quiere esto decir que la protección especial de los niños en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales que se refieren al tema, se evidencia por la necesidad de garantizar su dignidad humana.
En el mismo sentido se presentó el referido pronunciamiento de la Contraloría, cuando afirmó que la provisión nutricional prevista a través de un programa como el PAE, busca precisamente aportar a los estudiantes las energías necesarias para el desarrollo de sus actividades durante su estancia en los colegios, independientemente de su nivel de pobreza. Es decir, la alimentación escolar es un elemento esencial a la gestión educativa y no debería ser vista solo como un programa asistencial dirigido a los menos favorecidos.
Así lo había anunciado ya la Corte en el citado pronunciamiento, cuando afirmó que la alimentación de los niños es determinante para su desarrollo futuro, debido a la importancia que para el desarrollo psicológico de toda persona supone una adecuada nutrición durante sus primeros años de vida.
Teniendo en cuenta que el programa se nutre de recursos provenientes de una multiplicidad de fuentes, como el Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones, el Sistema Nacional de Regalías, los documentos Conpes, Contratos Plan y los recursos propios de las entidades territoriales, se requieren diferentes tiempos de planeación, decisión, ejecución, regulación, así como complicados modelos de coordinación, vigilancia y control, que permitan garantizar la efectividad del programa.
Todo lo anterior nos confirma la complejidad del modelo implementado a través del PAE, que tan solo en la vigencia 2016 se extendió a lo largo de 1.103 municipios, a través de más de 13 mil instituciones educativas urbanas y rurales.
Por Carlos Iván Castro Sabbagh