Una cosa es un desaparecido en el sentido coloquial del término, es decir, persona de la que no se sabe su paradero, y otra una víctima de “desaparición forzada”, un calificación del derecho internacional que exige que haya prueba de que una persona estaba privada de su libertad en poder del Estado y se niegue a admitir esa privación o no se de información sobre su paradero “con la intención de dejarla fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.
Por muchos años no se sabía del paradero de los once supuestos desaparecidos en el Palacio. Pero hay mucho trecho de ahí a establecer que fueron víctimas de desaparición forzada. Lo que muestra el trabajo de la Fiscalía y Medicina Legal es que, al menos con ocho que han sido identificados, no hubo desaparición forzada. Con ellos ocurrieron una de dos cosas: o se entregaron los restos como si fueran los de otra persona y se enterraron equivocadamente o se encontraron dentro de los restos exhumados en 1998 de la fosa común del Cementerio del Sur.
¿Por qué no se identificaron antes? Primero, porque el levantamiento de cadáveres, el manejo de la escena, los procedimientos de identificación y entrega de cuerpos tras la recuperación de Palacio fue un desastre; segundo, porque hasta hace poco no se contaba con los procedimientos, especialidades forenses y desarrollo tecnológico que se tienen hoy; y finalmente porque por muchos años no hubo ningún interés en la Fiscalía en establecer lo que verdaderamente ocurrió.
En 2013, la Corte Interamericana abrió un caso por estos “desaparecidos”. Fui designado agente del Estado y mi respuesta a la demanda fue que Colombia debía reconocer errores en el manejo del Palacio tras la recuperación y fallas en el sistema de administración de justicia, incapaz por décadas de dar respuesta a los familiares. Pero me negué a reconocer que había “desaparecidos forzados”, excepto Irma Franco, porque en el examen del caso no había pruebas inequívocas de que los “desaparecidos” hubieran salido vivos, ni de que hubieran quedado en poder del Estado, y porque ya entonces había información suficiente para deducir que los “desaparecidos” en realidad eran no identificados o identificados equivocadamente. Esa posición me costó el ataque sistemático de los medios y de funcionarios del Gobierno que creían políticamente inconveniente cuestionar la idea mito de los “desaparecidos”. Como los hechos eran contrarios a lo que me pedía el Gobierno, renuncié al mandato.
Colombia fue condenada en 2014 por nueve desapariciones. Pero la Corte no condenó “respecto de los casos específicos de Norma Esguerra y Ana Castiblanco [cuyos restos fueron identificados en el 2000 y el 2013, porque] existen indicios que … apuntan a su fallecimiento dentro del Palacio”. Exactamente lo mismo se puede decir hoy de los seis identificados desde entonces.
¿Desaparecidos en el Palacio? Salvo Franco, parece que no. Aún faltan restos por identificar.