Carolina Lagos trabaja en Mercabastos pelando cebollín, pero su labor se vio interrumpida ayer cuando le avisaron que Fonvisocial (Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Valledupar) en compañía de las autoridades, estaban desalojando a los ocupantes de la Torre N de la Urbanización Nando Marín, donde había dejado a sus hijos durmiendo.
La mujer, quien manifestó ser víctima de la violencia, abrazaba a sus cuatro hijos junto a los pocos enseres que había comprado con la ardua labor de pelar y lavar hortalizas en la central de abastos de Valledupar.
“Yo trabajo desde las dos de la madrugada, voy a Mercabastos a pelar cebollín, porque no tengo más oportunidades, estando allá me llamaron a decir que a mis hijos los sacaron del apartamento y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar me los iba a quitar, hasta que yo consiguiera donde vivir”, dijo Carolina Lagos, quien junto a otras a otras 36 familias fueron desalojadas de las viviendas que hace un año aproximadamente habían invadido.
Cada habitante desalojado vivía su propio drama, pero tenían algo en común, eran víctimas de la violencia, fueron desplazados y amedrentados por grupos armados que llegaron a sus tierras y se vieron obligados a venir a esta ciudad en busca de mejores oportunidades, donde hallaron desocupada una de las torres de la Urbanización Nando Marín, construida en el proyecto de viviendas gratis del Gobierno Nacional.
El subgerente de Desarrollo Social de Fonvisocial, Gabriel Pineda Arregocés, explicó que los desalojos se dieron a raíz de denuncias de la comunidad de la urbanización Nando Marín, porque al parecer en la Torre N había expendio de drogas y prostitución.
“Este es un desalojo que se dio hace aproximadamente un año, son personas que lógicamente no tenían donde vivir, pero haciendo las diligencias con la Policía, nos dieron un parte de que muchos de estas personas que estaban invadiendo los apartamentos tenían venta de sustancias alucinógenas, había prostitución en la misma torre, entonces por eso decidimos intervenir porque la misma comunidad nos lo pedía por la inseguridad que se estaba viviendo. A raíz de la invasión de esta torre, la manzana se había vuelto peligrosa”, indicó Gabriel Pineda, funcionario de Fonvisocial.
Esta versión fue corroborada por otros vecinos, que no revelaron sus nombres por temor a represalias, y además denunciaron que quienes se dedicaban a actividades ilícitas se habían ido de la Torre N antes de que llegara la Policía con su unidad de Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Pero algunos residentes lamentaron el hecho de que los niños y las madres cabeza de hogar, tengan que pagar por las acciones ilegales de algunos desadaptados sociales que llegaron a invadir la Torre N.
“Estamos solicitando cinco días hábiles para uno buscar casa con la ayuda que nos ofrecieron, que fueron dos meses de arriendo. Una vez tengamos esa plata nosotros podemos ir a buscar una vivienda digna y así pueden venir con los camiones y sacar los chismes, así sería menos traumático y con un acuerdo mutuo. Pero no nos quieren dar ni siquiera un día y quieren sacar nuestras cosas y llevarlas para una bodega y nosotros dónde nos metemos”, dijo Sujey Tatiana Velásquez Fernández, vendedora de tinto y una de las desalojadas de de Nando Marín.
Al parecer, Fonvisocial anunció que realizaría una visita para inspeccionar el lugar más no para desalojar, situación que causó malestar entre los que habitaban la Torre N.
“Encontramos estos apartamentos hace dos años desocupados y nos apoderamos de ellos, hoy en día el Gobierno viene con atropellos. El pasado martes vinieron a decir que era una visita ocular y no anunciaron que sería desalojo. Hoy vienen a sacarnos con el Esmad para darle esto a la guerrilla, porque ellos tienen más prioridad que nosotros, que somos a los que nos desplazaron”, indicó Amparo Fernández Soto.
Los enseres de las familias desalojadas fueron llevados a bodegas, mientras que buscan una vivienda que pagarán con el subsidio de arriendo que les otorgó Fonvisocial.
“Se les hizo un cruce con la Unidad de Víctimas, muchos de los habitantes no son víctimas y cuando no lo son, el municipio como tal no tiene ninguna obligación de darle albergues, pero lo que sí se les está dando es un subsidio de arriendo por dos meses”, dijo Gabriel Pineda, subgerente de Desarrollo Social de Fonvisocial.
La diligencia se cumplió sin ninguna alteración de orden público.
Mohamed Osman Díaz
Mohamed.osman@elpilon.com.co