A primera vista, parece más que justificado el paro promovido por el Comité Cívico por la Dignidad del Chocó con el que se denuncia el abandono estatal. La recurrencia de las protestas, ocurridas en los años 1967, 1987, 2000, 2004, 2009 y ahora en 2016, causa asombro y hastío como indignación provoca la muerte por hambre de los niños de La Guajira.
Pero ¿hasta dónde en realidad es un problema de desatención del Gobierno Nacional? ¿O más bien se trata de una falta de corresponsabilidad de sus habitantes, que han convertido a estos departamentos en un barril sin fondo para las finanzas públicas? Porque si este es el caso, habría que preguntarles a los vallecaucanos, atlanticenses o cordobeses si están de acuerdo con que Chocó reciba transferencias anuales del Gobierno Nacional por habitante de un 1’490.000 pesos, mientras que ellos solo perciben 11.000, 54.000 y 139.000 pesos, respectivamente, como lo señala el ‘Informe de desempeño fiscal’ del 2014, del Departamento Nacional de Planeación.
Sin duda, hay que hacer las inversiones que destraben el progreso del Chocó, pero el desarrollo no consiste en jalar la cobija, por demás pequeña, para destapar a otros. Hay que asumir también responsabilidades como la de tributar y luchar contra la corrupción, enquistada en este departamento y que tiene a buena parte de sus congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales condenados por el robo al erario y por alianzas con criminales. Esa sería una buena tarea para el Comité Cívico por la Dignidad del Chocó y también para el movimiento Por la Dignidad de La Guajira.
Y es que hay otras evidencias de que los chocoanos están aplicando la ley del embudo. En primer lugar, cabría preguntarse, y la Contraloría General de la República debe informarlo, si en realidad se han invertido los 597.000 millones de pesos, óigase bien, 0,6 billones de pesos, que en 204 proyectos con recursos de regalías se aprobaron entre el 2012 y el 2015. A juzgar por un proyecto de 42.000 millones de pesos, dizque de ciencia y tecnología llamado ‘Apoyo a formación de recurso humano de alto nivel para un nuevo Chocó’, buena parte de los recursos se habrían esfumado.
En segundo lugar, ¿por qué Chocó tuvo un recaudo tributario de apenas 48.000 millones de pesos en el 2014 y su inversión por habitante es de las más bajas, si departamentos con problemas de conexión similares o mayores como Vaupés, Guainía, Arauca, Vichada, Amazonas o Casanare tienen tributación e inversión más altas? En tercer lugar, ¿por qué gasta 91 pesos en funcionamiento de cada 100 que recibe con libre destinación, y por ende es inviable e incumple la Ley 617 del 2000 de racionalización del gasto público, si el departamento y sus municipios recibieron 568.000 millones de pesos de transferencias de la Nación en el 2015? ¿Qué hacen además con los recursos de regalías directas y las inversiones directas? En cuarto lugar, ¿cómo contribuyen a luchar contra la minería ilegal, que no tributa y degrada su medioambiente?
Como el desarrollo en este caso no parece un esfuerzo de doble vía, sería conveniente preguntar a los colombianos, además, si les parece que con los impuestos de todos se les regale a 21 municipios de Chocó, donde hay territorios colectivos de comunidades negras y para que estas no paguen predial, cerca de 48.000 millones de pesos hacia el 2019 en virtud de la actual ley del Plan Nacional de Desarrollo.
Pero tal falta de corresponsabilidad tiene que ver en buena medida con el desorden descentralista que propició la Constitución de 1991. Si bien profundizó la autonomía de los municipios, también dejó a los departamentos en la inopia político-administrativa y en el limbo jurídico, y al país gastando recursos y echando carreta sobre ordenamiento territorial, cuando el desarreglo tiene origen constitucional y es imposible de subsanar con una ley como la de ordenamiento territorial que se expidió en el 2011.
No son pocos los departamentos que viven en crisis permanente, en los que sus habitantes se ven abocados a elegir entre el menos peor, y el Gobierno Nacional sin herramientas para corregir.
A lo sumo, trata de dilatar la convocatoria a elecciones, como en el caso de La Guajira. Urge por ello una reforma constitucional que permita la declaratoria de emergencia territorial y con ello intervenir entidades en crisis permanente. De lo contrario, el desarrollo territorial no va a pasar de apagar incendios y de comunidades que quieren jalar la cobija para destapar a otros.
Por Jhon Mario González