La tala de los árboles que se encontraban en un lote ubicado en la carrera 9 con calle 3, al norte de Valledupar, no es para la instalación de antenas de telefonía móvil, según lo afirmó el jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, Aníbal Quiroz, pero si manifestó preocupación por afectación al ecosistema del cerro Hurtado, también conocido como cerro de DPA.
“Los propietarios del terreno no contaban con los permisos para la erradicación y poda, razón por la que Corpocesar como ente regulador inició actuación legal en contra de estos. Desde Secretaría de Planeación estaremos atentos al tema urbanístico”, agregó el funcionario.
En ese mismo sentido se pronunció el director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Kaleb Villalobos, “Corpocesar no ha otorgado permiso para tala de árboles en este predio, ya iniciamos proceso sancionatorio a los que cometieron la infracción ambiental”.
La comunidad puso el caso en conocimiento de las autoridades porque en otro costado del cerro ya fue ubicada una antena de telecomunicaciones y temen que la tala que se hizo sea para instalar otra de estas estructuras.
En días pasados, El PILÓN hizo pública la queja de los residentes del barrio Don Carmelo y de personas que viven a los alrededores de la glorieta ‘El Pedazo de Acordeón’ quienes manifestaron su molestia por disposiciones de antenas telefónicas en ambos sectores. Bajo la misma situación se encontraba el sector de Alta Gracia, donde la Oficina Asesora de Planeación Municipal canceló la instalación de una antena 4G por ser este un sector incluido en el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Valledupar.
Suerte con la que no contaron quienes viven a los alrededores del cerro Hurtado o Cicolac, donde ya se encuentra una estructura que mide aproximadamente seis metros de altura.
“En el cerro Hurtado, donde está la antena, es propiedad privada de Fina Castro y Pepe Yamin Castro. En este lote se instaló un multiposte mimetizado con un concepto positivo de la Corporación Autónoma y contó con el aval del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, ya que cumplía con todos los requerimientos técnicos y ecológicos”, precisó el funcionario.
“Los propietarios del terreno no contaban con los permisos para la erradicación y poda, razón por la que Corpocesar como ente regulador inició actuación legal en contra de estos”, Kaleb Villalobos.
Por Jennifer Polo /EL PILÓN