“Solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana”.
Luego de las rutinarias evaluaciones y promesas asintiendo que en el nuevo año se remediarán las tensiones y desatinos, resultantes de un 2017 saturado de emboscadas jurídicas, efectos inesperados y otras ilaciones discutidas, dentro del contexto de la “separación de poderes”, se entrevé la perversa intencionalidad de vulnerar la independencia del legislativo y de la justicia -por el órgano administrativo- .
Esto obedece exclusivamente a la “politización”, impuesta por el Gobierno desde la desigual elección de los magistrados, al punto que ellos lo satisfacen en sus decisiones, arrogándose de “mermeladezcos” atributos políticos y la condicionalidad de haber sido funcionarios, o contratistas del mismo presidente, -en especial la mayoría de la actual magistratura constitucional-.
Esta preclara casualidad, fue urdida para producir cambios en el derecho, la sociedad y la política, desde la óptica solo favorable al interés de esa minoría gobernante, y de la que anhela arrebatar el poder, para subyugar al pueblo,- en su fantasioso y perverso proyecto comunista o socialista, indistintamente-, sin más orientación que el del beneficio y enriquecimiento personal y el lavadero de sus desafueros.
Previamente, aparecía en las pantallas electrónicas que registran la votación de los senadores, la condicionalidad necesaria de 52 votos para superar tal aprobación,- nadie objetó-, se verificó con rigor el rito establecido y se dio el hecho. -El proyecto de las curules fue archivado.
El gobierno ha sido “derrotado” en el Senado, en pleno ejercicio democrático, con la negación de las 16 curules para “congresistas víctimas”, -ahora pretendida a ser desconocida-, apelando al poder judicial para que políticamente voltee una decisión de exclusiva competencia parlamentaria. Perder en democracia no es salir derrotado, es ganar en la legalidad y hacer honor a la justicia. Ir en contra, es revelar claramente el retorcido propósito, de codiciar cambiar el régimen democrático, por el malnacido y fracasado modelo, solo venerado por unos cuantos desnaturalizados, ahora mimados por el perdón, tolerados y reconciliados -para que se dé el proceso de su reinserción social y política-.
No es el poder judicial quien tiene esa competencia de cuestionar y ordenar,- atropellando al poder legislativo-, azuzado por el Ejecutivo. Con esto, el país entero queda ad-portas de una peligrosa intervención arbitraria por el administrador, afectando el ordenamiento institucional y jurídico, -con detrimento generalizado y pérdida de credibilidad en el sistema-.
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