Lo más sensato sería que cada funcionario público fuese elegido de manera transparente, que no quede duda de su idoneidad y entereza como empleado, que cumpla cabalmente con los requisitos para ocupar el cargo, que sea solvente y que no esté inhabilitado ni cuestionado por usar triquiñuelas, constreñimientos y mucho menos haber “comprado” su elección.
Este imaginario sería maravilloso y seguramente muy productivo para la gente de cada pueblo, de cada ciudad. Incluso, para Valledupar y el país.
Quisiera yo que en Colombia hubiese un Andrés Manuel López Obrador quien, a los pocos días de posesionarse como presidente de México, produjo una norma y redujo su salario mensual en un 50 % e incluyó que ningún funcionario en México podrá ganar un salario mensual, mayor que el del Presidente. Maravilloso ejemplo de lealtad y equidad.
Sin embargo, en Colombia importa más elegir con trampas a las Yidispolitica y a las Aidamerlanos. En la mayoría de los casos no importan los nombres ni los cargos ni los dotes ni nada; importa quiénes ponen más.
Mis consejeros periodísticos Tíochiro y Tíonan entienden que no todos los funcionarios son ladrones, corruptos y tramposos. No. Seguramente a muchos funcionarios les falta el conocimiento sobre algunos temas y por ello “meten la pata”. En el caso concreto: directivos que eligen funcionarios sin el lleno de los requisitos y por ello afloran demandas, porque no hacen las cosas legalmente.
Para muestra un botón: En la Procuraduría hay una queja disciplinaria contra los concejales de Valledupar por la elección de la contralora Mary Flor Teherán Puello, por elegirla sin que hubiese demostrado haber ejercido funciones públicas por un periodo no inferior a dos años.
“Vulneraron la buena fe de los concejales, ellos escogieron la terna de la Universidad Distrital donde se dieron una serie de irregularidades. Las únicas experiencias que se pueden tipificar como experiencia en función pública es la ejercida en la Dian, que no supera el año y una que ella (Teherán) presenta como jefe de Talento Humano, pero fue por dos meses. No alcanza los dos años”, afirmó el exaspirante a la Contraloría, Baldomero Rosado (EL PILÓN).
De otro lado, el Tribunal Administrativo del Cesar, admitió una demanda presentada por la señora Laura Beatriz González, contra la elección como alcalde del Mello Castro González. La corresponde al Tribunal decidir en primera instancia. La segunda instancia corresponde al Consejo de Estado.
También fue demandada la elección de Jhon Valle Cuello como gerente de la Corporación Autónoma Regional del Cesar. La demanda la presentó el ex candidato al mismo cargo Gonzalo Gómez.
Igualmente, se anuncian demandas contra Darling Guevara Gómez, como rectora de la Universidad Popular del Cesar, quien fue designada por el Consejo Superior Universitario.
Finalmente, está a la expectativa la decisión de la Corte Suprema sobre la investigación que pesa sobre el Gobernador Luis Alberto Monsalvo, acusado de corrupción al sufragante.
Según la Corte, el sindicado se habría comprometido a no desalojar a unas 800 personas de un terreno en la invasión Tierra Prometida, en Valledupar, a cambio de los votos para las elecciones regionales de 2011 cuando era candidato a la Gobernación.
En fin, faltan aquí varias demandas contra alcaldes, diputados y concejales. De todas maneras, resulta muy preocupante que se sigan presentando estas demandas que causan desgate y en muchos casos los demandantes piden las suspensiones de los elegidos, lo que también provoca caos administrativos. Hasta la próxima semana. tiochiro@hotmail.com