Por: Amylkar D. Acosta M1
El Congreso de la República tramita en este momento el Proyecto de presupuesto 2012 – 2013 del Sistema General de Regalías (SGR), el cual está aforado en la suma de $17’726 millardos. Como es bien sabido, para que las entidades territoriales puedan acceder a los recursos de los fondos de inversión del SGR deben presentar sus proyectos a los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD). Estos, como ya tuvimos oportunidad de reseñarlo, han resultado inoperantes y paquidérmicos.
A la postre, nadie está contento con los OCAD; pero, curiosamente, los más inconformes con este mecanismo son los parlamentarios, que fueron quienes los crearon. Ahora se quejan de que “al definir la estructura de decisión de los OCAD se les dio un excesivo poder de decisión a los gobernadores…Su estructura de decisión, tal como ha sido concebida, podría llevar a decisiones indeseables”, pero no precisan para quién podrían ser indeseables. Pero, empieza uno a salir de dudas cuando advierten en la Ponencia de dicho Proyecto que “existe una queja generalizada sobre el trato que en ocasiones se dispensa a integrantes de esta corporación (léase Congreso de la República)” que hacen parte de los OCAD.
Por su parte el Gobierno no ha disimulado su disgusto con el funcionamiento de los OCAD, porque en ocasiones al momento de tomar decisiones en torno a los proyectos a aprobar las autoridades regionales han terminado por imponerse a la omnímoda voluntad del Gobierno central a través de sus mayorías en el seno de los mismos.
Pues, bien, después de darle vueltas al asunto, se llegó a la fórmula salomónica perfecta que le permitirá al Gobierno imponer sus decisiones en los OCAD a través de su voto preferente y, como favor con favor se paga, por esta vía favorecer aquellos proyectos que tengan el padrinazgo de los parlamentarios afectos al mismo. Se trata, según lo aprobado en las primeras de cambio de que “los proyectos de inversión susceptibles de financiación por los fondos de Desarrollo Regional (FDR) y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación FCTI), para su aprobación deberán contar con el voto positivo del Gobierno Nacional…Así mismo…los proyectos susceptibles de financiación con cargo al 60% del Fondo de Compensación Regional (FCR) deberán contar con el voto positivo del Gobierno Nacional”. No se queda nada por fuera, todos los recursos de inversión del SGR, tanto los del FDR, como los del FCTI y los del FCR están en la mira.
Como quedó establecido el la Ley 1530 de 2012, el Gobierno central tiene el control absoluto del SGR, dado que a través del DNP tiene la Secretaría de la Comisión Rectora, maneja el Banco de Proyectos, evalúa y conceptúa sobre estos para darles viabilidad y, como si lo anterior fuera poco, maneja también el Sistema de Monitoreo, Control, Vigilancia y Evaluación de la ejecución de los recursos del SGR, con poder sancionatorio. Y si a ello se le añade el poder de veto en los OCAD, los alcaldes y gobernadores, los concejos y asambleas, quedarán todos reducidos a su condición de convidados de piedra. Todavía estamos a tiempo para que no pase este engendro y se consume este exabrupto, que atenta contra la quintaesencia misma de la Constitución Política expedida en 1991, como es la autonomía de las entidades territoriales.
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