Por Andrés Llamas Nova
El líder comunitario Emilio Carreño, encadenado en la plazoleta de la Gobernación del Cesar, dijo que en cuanto a su caso, como víctima de amenazas, entregó los documentos en la administración departamental, y supone que estos tienen que darle algún resultado, específicamente protección por las amenazas que ha recibido.
Ante las manifestaciones de los encadenados, el asesor de Paz del Departamento, Wilfred Torres, manifestó que, “el proceso en cuanto a la protección de personas amenazadas tiene unas rutas establecidas; desde el mismo momento en que se conoció el hecho por parte de la Mesa Departamental de Víctimas, hicimos un subcomité de protección y prevención en compañía de los miembros de las mesas y específicamente con ellos (los amenazados)”.
El funcionario agregó que esa reunión se hizo días después de que los manifestantes recibieran las amenazas en abril y posteriormente en el mismo mes, el gobernador Luis Alberto Monsalvo convocó un consejo de seguridad donde los amenazados delegaron en personas que plantearan sus requerimientos.
“Ellos quieren tener escoltas, algunas medidas como carro blindado, entre otras cosas; eso no es competencia del departamento. Es competencia directa de la Unidad Nacional de Protección, nosotros hemos venido brindando las medidas necesarias”, dijo Wilfred Torres.
Durante cuatro días, Emilio Carreño y Ronald Enrique Nieves están encadenados y desde hace tres días se les unió un nuevo integrante; ellos están sentados en la entrada a la Gobernación del Cesar, solicitando apoyo de los gobiernos territoriales, por las amenazas de bandas criminales.
Sin embargo, la secretaria de Gobierno Municipal, Paola Fragoso, confirmó que luego de que la administración de Fredys Socarrás Reales conoció la situación de estas personas, de inmediato facilitó hospedaje, comidas y otros aspectos para el mínimo vital de los manifestantes.
Tanto el gobierno departamental como el local, coinciden en que estas personas recibieron apoyo de las administraciones pero dejaron estos beneficios, para irse en son de protesta a las calles. “A partir del 5 de abril, al conocer de los panfletos, se activaron las rutas de la administración municipal y demás entes estatales que tienen que ver con las víctimas. A estas personas se les prestó la atención humanitaria de emergencia, se les ubicó en un sitio, se les dio kit de aseo como nos obliga la ley”, dijo la funcionaria.
Médicos para manifestantes
Los tres manifestantes que se encuentran hace cuatro días en la Gobernación del Cesar, recibieron atención médica y sicológica de parte de la Secretaría de Gobierno municipal y el Hospital Eduardo Arredondo Daza; el gerente del hospital, Leonardo Maya Amaya, manifestó que estas personas fueron orientadas acerca de las consecuencias de un acto de protesta sin ninguna alimentación, tal y como está sucediendo hasta ahora. Solo están recibiendo agua.