Los constituyentes de 1991 se equivocaron de buena fe al crear los organismos de control y la Fiscalía, y sobre todo, en la forma de integrarlos. Si bien las funciones de estas instituciones están claras en el papel, su manoseo y desviaciones por parte de los gobiernos y funcionarios han tocado el fondo de las alcantarillas. A estos entes, a los que se les veía funcionalidad teórica y se les respetaba, ahora son solo fachadas “democrateras” para ocultar regímenes dictatoriales.
Los organismos de control, como son la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, están en función de ocultar vicios y desafueros del gobierno y ejercer controles sobre los adversarios que tengan posibilidades de competirles, mediante el fraude electoral y la apertura de procesos. ¿Por qué le quieren dar poder sancionatorio a la Procuraduría contra los funcionarios de elección popular si ya existe constitucionalidad sobre la materia, reconocida internacionalmente? Esto tiene nombre propio, deberían llamarla ley Petro.
En cambio, se renuncia a la vigilancia sobre la contratación pública, madre de la corrupción estatal; más de 10 mil procesos disciplinarios que involucran a prominentes contratistas y/o políticos van a prescribir; permitirlo es renunciar a la moral pública y evadir responsabilidades. ¿A quiénes se está protegiendo? Y, pese a la situación económica del país, con anuncios apocalípticos de que pronto no habría caja, Duque envió un mensaje de urgencia al Congreso pidiendo 500 nuevos cargos para la Procuraduría, con salarios entre 10 y 30 millones de pesos, de los más altos del país. Esto podría representar unos $150 mil millones/año. Por su parte, el contralor general gestionó ante el Congreso una adición de 1.670 empleos con el sofisma de que carece de muchas disciplinas para evaluar muchas actividades públicas, como en salud e ingeniería.
Esta es una avalancha burocrática ya que el servicio diplomático está saturado. Según un informe de auditoría, leemos que del 2014 al 2017, de $406 billones vigilados solo se recuperaron $39.000 millones, el 0.0096 %. La relación beneficio-costo es ínfima, así tenga 64 contralores en todo el país, y no mejorará con burocracia. Igual, la Registraduría incrementó su presupuesto en 122 % en burocracia y en un nuevo código electoral que margina a la oposición, necesitando, apenas, un software para el proceso electoral. Con esta nueva adición, las “ías” de control tendrían cerca de 15 mil inocuos empleados. También, la Defensoría del Pueblo perdió su misión; hoy solo defiende las acciones del gobierno, nada ha dicho sobre los crímenes del paro: muertos, mutilados y desaparecidos.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación, con unos 27.000 empleados, olvidó su misión y solo persigue al adversario, mientras los procesos criminales duermen el sueño de los justos, lo que permite que los reos, casi todos cercanos al gobierno, queden libres por vencimiento de términos. Estos organismos degradados, que hoy hacen parte del ejecutivo, destruyendo la independencia de poderes, o se regeneran o sobran. Cada vez nos parecemos más a la Nicaragua de Ortega.