Ya es hora de resolver dos temas trascendentales en la Universidad Popular del Cesar (UPC): i) Que el Consejo de Estado defina de una vez por toda la legalidad o ilegalidad de la elección del rector Carlos Oñate y ii) que la directiva del alma mater asigne el salario justo a los 30 docentes provisionales de planta de Tiempo Completo o que los llame a concurso público.
Hablemos del primer tema. Mis consejeros periodísticos Tío Chiro y Tío Nan sostienen que ya está bueno de este cuento del gallo capón. Tenemos en la UPC a un rector que hoy amanece con un píe afuera y mañana con el otro adentro.
Sobre el aludido pesaban seis demandas de nulidad de su elección, pero el Consejo de Estado las unificó y quedó una, radicada con el número 11001032800020170000300. Se recuerda que el Consejo de Estado ya había anulado una primera designación del señor Oñate, pero el CSU lo volvió a elegir (lío jurídico que mis consejeros periodísticos no entienden).
Desde hace un año está la incertidumbre: si su segunda elección fue legal o ilegal. Lo mejor para la UPC es que el Consejo de Estado defina este litigio y en su fallo de claridad sobre el mismo. Se afirma que el fallo sobre la suerte de Oñate será mañana jueves (amanecerá y veremos).
El otro tema que mantiene en ascuas a un grupo de profesores y a la institución tiene que ver con los docentes provisionales de planta de tiempo completo, que son alrededor de treinta.
Dichos docentes laboran jornadas de tiempo completo (40 horas), pero se les paga como utileros (mal), mientras que a los docentes de carrera que laboran el mismo tiempo y en la misma ocupación les pagan tres y cuatro veces más que al provisional.
Se ha dicho que hay jurisprudencia sobre este tema de las cortes, en cuanto a la igualdad de derechos: “a trabajo igual, igual salario”, está consignado en el Código Sustantivo de Trabajo y ratificado por Colombia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sin embargo, en la UPC los directivos se muestran renuentes, apáticos y sin voluntad política y administrativa para darle solución al problema, antes de que un Juez de la República ordene pagar miles de millones de pesos dejados de recibir por los profesores, lo que indica que así pasará. Lo mejor sería que la UPC nivele los salarios de dichos docentes aplicándoles el rasero con el Decreto 1279 de junio 19 de 2002: Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales.
Una vez nivelados los docentes aludidos, podrían conciliar con la institución el pago retroactivo, lo que significa que la universidad podría ahorrarse miles de millones de pesos por las demandas que ya se están perfilando.
El periódico El Espectador publicó el 8 de febrero de 2015 que “Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ordenó a la EPM (Medellín) reajustar el sueldo de un trabajador que recibía menos que un compañero que certificaba estudios académicos aun cuando realizaban las mismas funciones”.
Inclusive, está sucediendo en la UPC que docentes provisionales que son doctores y magísteres reciben tres y cuatro veces menos sueldos que docentes de carrera que trabajan las mismas horas y tienen apenas pregrado y especializaciones.
Mis consejeros sostienen que esa trama que tienen contra los docentes provisionales es injusta, crea desigualdad, vulnera derechos, crea roces laborales e inconformidades. Manos a la obra directivos de la UPC. Hasta la próxima semana.
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Por Aquilino Cotes Zuleta