El Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Jackeline Henríquez, exgerente del Hospital Rosario Pumarejo de López, HRPL, en contra de la Gobernación del Cesar, representada por Luis Alberto Monsalvo, y Delwin Jiménez Bohórquez, contralor departamental.
“Se declara improcedente la acción de tutela presentada por la señora Jackeline Henríquez Hernández debido a que no se demostró que se le estuvieren vulnerando o amenazando sus derechos fundamentales; asimismo, esta cuenta con otros medios de defensa judicial y no demostró el perjuicio irremediable que se estuviere ocasionando, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia”, argumentó el juez.
La acción de tutela la interpuso Henríquez porque el exgobernador Luis Alberto Monsalvo la suspendió del cargo mientras esta se encontraba en licencia de maternidad.
“Las circunstancias anteriores, de por sí, debido a mis condiciones de maternidad y lactancia, implican y engendran la violación de mi derecho fundamental para gozar de las garantías y protección que el Estado tiene previsto, como fuero especial y constitucional, para proteger a la mujer en dicho estado. Esto, en forma independiente, configura una vulneración al derecho fundamental al fuero de maternidad. Lo cual no se remedia, sino con el restablecimiento de mis derechos conculcados, a fin de que se me garantice el goce de los mismos, y el propósito previsto por el legislador y el constituyente primario, cuando elevó a garantía constitucional fundamental dicho derecho a la mujer embarazada y en estado de lactancia, para no ser sorprendida con medidas perturbadoras del goce de la licencia de maternidad, prohibiendo suspensiones y desvinculaciones en ese estado”, indica la acción de tutela que no fue acogida por el juez.
Ante esto, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar solicitó respuestas a la Gobernación y la Contraloría departamental a fin de conocer, desde sus versiones, lo sucedido.
Delwin Jiménez puntualizó que la acción de tutela era improcedente ya que no es el mecanismo idóneo: “No se evidencia un presunto daño y más aún, un presunto daño irreparable; la solicitud de suspensión es preventiva y en ningún momento es definitiva; así mismo, existe la acción de nulidad de restablecimiento del derecho si el demandante considera que no existe motivación o si el acto carece de requisitos”.
La Gobernación del Cesar, por su parte, manifestó que la decisión de suspender a Henríquez no significa que haya sido desvinculado de la entidad. “Hoy goza de su licencia de maternidad con la respectiva prestación económica que le permite garantizar la continuidad en la cobertura de sus necesidades vitales y las del recién nacido”.
Por: Ketty Gutiérrez Maestre/EL PILÓN