El 20 de diciembre de 2022, mientras los empresarios del campo se preparaban para disfrutar la Navidad y el año nuevo, los miembros de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, aprobaban lo que sería, la política de crédito más desastrosa para su sector.
Este órgano rector de la política de crédito agropecuario, que en el pasado fue una especie de junta directiva del Banco de la República para el sector agrícola, lo convirtieron en un comité de burócratas que juegan a ser banqueros del “Wall Street” criollo, improvisando con las políticas de crédito para el sector agropecuario. Así sucedió en la pasada sesión del mes de diciembre, cuando tomaron varias medidas absurdas y disparatadas, que terminaron dejando por fuera del sistema financiero a la mayoría de la agroindustria, comunidades rurales y productores del campo. Analicemos algunas de esas irresponsables decisiones.
En Colombia, las grandes superficies de alimentos e industrias de los granos, lácteos, aceites, azúcar, snack, bebidas de frutas, alimentos balanceados y carnes, entre otros, requieren grandes recursos de créditos para comprar las producciones o cosechas a los productores del campo. Un solo molino de arroz, por ejemplo, requiere alrededor de 600.000 millones de pesos anuales en créditos para comprarles a los arroceros sus cosechas. Pues, a los delegados de la Comisión Nacional de Crédito, se les ocurrió la desatinada idea de ponerles un límite de endeudamiento de $10.000 millones, por las líneas de fomento de Finagro. El resultado no pudo ser peor.
Seis meses después, el crédito agropecuario cayó a un -17,35%. Entre enero y junio de este año, las colocaciones cayeron en $2.4 billones, respecto al mismo periodo de 2022.
Por esta absurda restricción, el comercio y la agroindustria, no pudieron entregar los anticipos de cosechas a los arroceros, obligando a más del 80% de los productores a buscar los recursos por fuera del sistema financiero a tasas de intereses más caras, lo cual les afectó sus costos de producción. Así sucedió con los demás sectores agroindustriales de la producción agropecuaria del país. La Contraloría y la Procuraduría, deberían abrir de oficio una investigación de responsabilidad fiscal y disciplinaria a estos funcionarios por los posibles perjuicios económicos causados a los productores del campo y a la agroindustria del país.
La segunda idea disparatada de estos burócratas, fue aprobar unas nuevas categorías de tipos de productores del campo, planteadas por los burócratas del gobierno de Duque, dizque para motivar a la banca privada a prestarle a productores de bajos ingresos. Seis meses después, el 95% de las operaciones de los créditos de pequeños productores los tuvo que realizar el Banco Agrario, asumiendo la totalidad del riesgo de la cartera. Si quieren bancarizar el sector rural, comiencen por bajar las provisiones bancarias, ampliar el redescuento de Finagro a Sociedades Comisionistas de Bolsa y Fondos de Inversión Privados vigilados por la Superfinanciera, reducir las tasas de redescuento de Finagro, subsidiar las tasas de interés para créditos a productores integrados a la industria o al comercio y categorizar a los productores solamente por sus niveles de ingresos.
La misma suerte, corrieron los programas de subsidios de tasa de interés para las distintas comunidades rurales. (*Consultor en crédito de fomento agrícola).