El proceso de paz debe satisfacer los derechos de las víctimas, pero también debe garantizar por igual los derechos constitucionales de los colombianos en todo el territorio, para lo cual se necesitan unas instituciones fuertes. Es una verdad que el Estado ha tenido fallas en su capacidad para satisfacer los derechos de los ciudadanos en todo el territorio, como para asegurar las condiciones mínimas que le permitan adelantar las demandas políticas de la sociedad. Se requiere llegar a un acuerdo para la terminación del conflicto y para poder dedicarnos a construir la paz, desarmando los espirutos y tranquilizando las conciencias.
En La Habana se están delineando las bases de una transición con el convencimiento que estas reformas son necesarias para que la paz eche raíz y nuestro país pueda tener un futuro diferente a la violencia. Hoy, la paz debemos mirarla como una oportunidad, una palanca de cambio y una idea obvia. En esta fase es una condición ineludible, pero no es lo principal, que las guerrillas dejen las armas para reincorporarse a la vida civil.
El Gobierno Santos cree que no existen condiciones objetivas que justifiquen el uso de las armas, pero sabe y lo tiene muy claro, que existen condiciones de pobreza extrema en el campo, falta de oportunidades y debilidad institucional, que han permitido el imperio de la violencia. En consecuencia, lo que se busca con este proceso es garantizar la igualdad de los derechos constitucionales de nuestros compatriotas, especialmente a los que han sufrido el conflicto en carne propia.
Nuestra democracia necesita romper ese vínculo indeseable de política y armas para que nadie al promover sus ideas políticas sea víctima de la violencia. Debemos ser coherentes para facilitar la transformación de un grupo armado en un movimiento político. Busquemos la estabilidad en el campo político trazando claramente la raya y definiendo las reglas para respetar nuestras diferencias, incluyendo la protesta social y la oposición radical para enriquecer de esta manera nuestra democracia, que es el mejor mecanismo de consolidación de la paz.
Tenemos que darle voz a quienes se han marginado de la vida política de nuestro país y es necesario movilizar opiniones para poner en marcha una campaña de planeación participativa, hacer valer los derechos y las capacidades de la gente con el objetivo que sientan como propio el esfuerzo de reconstrucción. Nada de esto es utópico, existen realidades en la India y Brasil. ¡Todos debemos aportar y empujar el camión en la misma dirección!