Por Imelda Daza Cotes
Comenzó la negociación tripartita -gobierno, empleadores, centrales sindicales- sobre el salario mínimo (589.500 pesos/mes). Como de costumbre, los trabajadores argumentan a favor de un incremento justo; los empleadores se muestran dispuestos a aceptar un exiguo aumento y el gobierno, simulando neutralidad, esgrime los eufemismos de siempre relacionados con la productividad y la inflación, palabras traídas y llevadas para cubrirlo todo de apariencia analítica y tratar de convencer a los trabajadores y a la opinión ciudadana acerca de las inconveniencias de incrementar demasiado el salario básico. Nos dicen que un alza del salario mínimo uno o dos puntos por encima de la inflación dispararía los precios y nos castigaría a todos. Hay evidencias de otros países latinoamericanos donde el incremento salarial ha estimulado sensiblemente el consumo familiar con incidencia favorable en la generación de empleo y en el crecimiento del PIB. Pero no dicen que en la última década, mientras los salarios se incrementaron en, apenas 12.5%, los trabajadores generaron un aumento en la producción del 51.7%, es decir, produjeron más pero ganaron proporcionalmente mucho menos.
El debate es en verdad una farsa, son las mismas “escenas teatrales” con el mismo libreto de cada fin de año, basado en el modelo neoliberal que recomienda máxima austeridad en lo social y generosidad total con la banca y las transnacionales. Al final, como ya es usual no habrá acuerdo y ante la ausencia de concertación el gobierno definirá por decreto el nuevo salario mínimo. Cada año la misma comedia.
Con la nueva remuneración mínima que discute la Comisión, habrán de sobrevivir unos 6.5 millones de trabajadores de 20.5 millones de ocupados; otros 11.3 millones ganan menos del salario mínimo, según el DANE y según la encuesta de ENS hay 1.475.500 personas que trabajan gratis; sólo perciben alguna compensación en especie. Las cifras reflejan claramente los niveles de pobreza por los pésimos salarios que predominan en el país. Colombia ocupa el tercer lugar en desigualdad después de Honduras y Haití. En estas condiciones, cómo pretender integrarse al mundo desarrollado con salarios que niegan la posibilidad de una vida digna a la mayoría de la población?
La importancia del debate radica no sólo en que de sus resultados depende el nivel de vida de muchas familias sino que dada la escasa negociación colectiva que ocurre en el país, el nuevo salario se convierte en referencia obligada a la hora de definir los aumentos de salario de muchas empresas e instituciones donde no hay sindicato. Se trata pues de un tema de gran trascendencia que merece atención.