Es bueno que el Concejo de la ciudad aborde los temas con juicio, como la semana pasada con el debate sobre el medio ambiente, los cerros tutelares, en particular el cerro de Hurtado. Y que los miembros del gabinete municipal participen con sus argumentos, justificaciones o hechos que determinan sus actuaciones. El control político es fundamental. En este caso observamos y seguimos por 5 horas las intervenciones, previo envío de cuestionario, de los concejales Luis Fernando Quintero, Wilber Hinojosa, Rodrigo Alvarez, Manuel Loperena, Jorge Arzuaga, su presidente Manuel Gutiérrez, entre otros. Y la presentación de los secretarios Luis Galvis, Emma Carrascal y Cecilia Castro, jefe de Planeación. También participó como invitada Corpocesar.
No vamos a nombrar y enumerar los interesantes reclamos y fundamentos de los líderes ambientalistas de la ciudad y también de propietarios de lotes de la Manzana F en el cerro, convertida en la manzana de la discordia por la encaminada construcción.
Para bien adquiere relevancia en la ciudad y la región el tema ambiental y de la sostenibilidad. Y del paisaje, que también es un aspecto estético de incidencia en un ambiente sano y en el placer y bienestar ciudadano. Es tan claro que en el interior, en la regiones de Caldas, Risaralda y Quindío, se ha desarrollado una protección del ‘paisaje natural cafetero’ por parte de autoridades municipales, motivada justo en sus concejos, los ambientalistas y los jueces. Se ha llegado al punto de regular que en los predios de la región, que generalmente son pequeños, las cercas vivas conserven una altura que no desafíe la vista de los que tienen derecho a gozar de la observación lejana de la naturaleza.
Estas preocupaciones estética-paisajistas son de singular importancia no solo en los cerros como Hurtado o los vecinos del río Guatapurí, sino en los que se avistan en el occidente de Valledupar en el costado derecho de la vía hacia la Tramacúa y la sierra de Azúcar Buena.
Pero volviendo al debate, se plantearon los aspectos del problema del cerro de Hurtado, con exagerado énfasis en los elementos jurídicos y poco en los políticos. Los primeros justifican actuaciones para hacer el esguince, para aplicar restrictiva o flexiblemente la norma según conveniencia y los segundos conducen a adoptar voluntades y decisiones que corresponden a liderazgos gubernamentales que quieren comprometerse a fondo con las causas.
De esa dicotomía surgió con evidencia que la más llamada a defender el medio ambiente, que es la Corporación, que no fue representada por la directora, no salió en defensa de los bienes en protección. Hizo una visita técnica en el momento en que se conoció la devastación de parte del cerro para explanar y construir y aseguró que se trataba de ‘un rastrojo’, cuando debió verificarse que también había árboles, y no se contaba con autorización para tumbarlos, y que, tumbado todo con maquinaria, no se había cumplido la orden legal contenida en el POT de que en “no menos el 70% del área del lote se debe preservar la vegetación nativa existente”. ¿No es sancionable esa actuación?