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De Monumento Nacional a “cagadero municipal”: rector del Colegio Loperena denuncia crisis sanitaria

Heces fecales acumuladas en el andén entre el Colegio Nacional Loperena y Uparsistem, reflejando una problemática de salud pública que afecta a la comunidad educativa y a los transeúntes. Foto: Jesús Ochoa.

“La población de calle que se encuentra detrás del Colegio Loperena de Valledupar, ahora tiene dos sitios de “cagadero público” que ya nos toca mover y sacar a los estudiantes que están en el bloque de la carrera 12, se hace insoportable la fetidez. Lo mismo que sobre la calle 16A. Estamos rodeados de la física…”, expresa el rector de la ‘alma mater’, Gonzalo Quiroz Martínez, en su cuenta de X.

A las doce del mediodía, transeúntes y usuarios del transporte público caminan con pañuelos o con dos dedos presionando sus narices debido al mal olor.

Cerca de 120 estudiantes de octavo grado, tanto en las jornadas de mañana como de tarde, deben ser reubicados en cualquier espacio disponible durante el desarrollo de las clases. “Tengo que aprovechar los dos grupos de Educación Física y los estudiantes que van a Sala de Inglés para reubicar a quienes están en los salones afectados”, señala Quiroz. 

Además, destaca la paradoja de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicado cerca, “nunca haya venido a preguntar cómo están los niños del colegio”, refiriéndose a la convivencia con heces fecales humanas justo al lado de sus salones de clase.

Esta problemática se acentúa con las altas temperaturas y el sol vallenato. “Cuando ‘el sol calienta’, la materia fecal que se deja en plazas y veredas se seca y se convierte en polvo. Esto contamina el aire, el acuífero subterráneo y los depósitos de agua. Además, puede ingresar a nuestro organismo a través del aire que respiramos o por alimentos preparados en la vía pública, como sucede con la venta ambulante”, explica el médico Dr. Baltazar Nuozzi para una noticia en la web del diario La Nación, sobre el peligro de los desechos en las calles y espacios públicos.

Colegio Nacional Loperena e indigencia vallenata

Las instalaciones del Colegio Nacional Loperena fueron declaradas “Monumento Nacional de Colombia” a través de la Ley 93 del 14 de diciembre de 1993. Este colegio ha sido un pilar fundamental en la formación de Valledupar y ha sido alma mater de destacados personajes del folclor vallenato.

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Frente al Colegio Nacional Loperena, emblemático establecimiento educativo en la región. Foto: Jesús Ochoa.

No obstante, la presencia de heces fecales, ladrillos sueltos y jeringas utilizadas para el consumo de drogas alrededor de esta arquitectura histórica representa una amenaza para el ambiente académico del centro. “Lo único que tocaría es reubicar al Loperena, pero eso es a mediano y largo plazo”, señala Quiroz, quien considera que esta solución sería lo más viable ante la problemática actual. 

Además, enfatiza que es lamentable que unas instalaciones con tanta historia sean afectadas por esta situación; “no crea, al colegio lo visitan bastante por turismo, sobre todo en diciembre”, agrega el rector.

Desde su oficina, Quiroz puede observar los alrededores mediante cámaras de seguridad y asegura que los indigentes que reciben alimentos en el comedor comunitario cercano “hacen a cualquier hora del día”, al parecer sin ningún tipo de pudor, sus necesidades fisiológicas en ese espacio.

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Heces fecales de años

“Llevo más de tres años de lucha”, afirma el rector Quiroz. En 2023, medios como EL PILÓN, Semana y Pulzo publicaron una serie de artículos sobre esta problemática que persiste hasta hoy, evidenciando que las heces en la zona ya llevan años acumulándose.

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La situación ha dejado de ser simplemente molesta para convertirse en un asunto jurídico, como lo denuncia Quiroz: “Corpocesar me tiene abierto un proceso por los árboles donde se cagaban”. Menciona esto con impotencia, ya que el follaje en esa calle camufla las heces y las convierte en un baño improvisado.

Las acciones de limpieza y embellecimiento del espacio público se han detenido porque, según el rector, “no me corresponde limpiar y les estaría haciendo un favor para que lo vuelvan a hacer”. 

Al consultar a los habitantes de calle cercanos, quienes pidieron no ser nombrados por temor a represalias, afirman que algunos sufren problemas estomacales debido a las condiciones en las que viven. Sin embargo, destacan que el comedor comunitario cercano mantiene un baño disponible que pueden utilizar durante todo el día.

Personas en estado de vulnerabilidad

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “un solo gramo de heces puede contener hasta 10 millones de virus, un millón de bacterias y mil parásitos. Las malas prácticas de saneamiento e higiene, como no lavarse las manos con jabón después de defecar y antes de comer, son responsables de más de 800.000 muertes anuales por diarrea”, según la Organización Mundial de la Salud. Esta cifra supera el número de muertes causadas por malaria.

Aunque es grave la situación de salud pública, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-062/21 sobre la “Prohibición de realizar necesidades fisiológicas en espacio público”, establece que esta medida no es aplicable a los habitantes de calle debido a la falta de acceso a infraestructura sanitaria. En este contexto, el espacio público se reconoce como un derecho fundamental para todos los ciudadanos, tal como se contempla en el artículo 82 de la Constitución de 1991. Es responsabilidad de las políticas públicas garantizar el acceso a sanitarios para la población vulnerable, con especial atención a mujeres, niñas y personas sexualmente diversas.

¿Solución a la vista?

En Valledupar, la Defensoría del Pueblo, liderada por José Hernández, ha señalado que existe una acción popular que favorece tanto a los niños del colegio como a los habitantes en situación de calle. “Hace unos días nos reunimos con el Comité de Habitantes de Calle de la Alcaldía Municipal, una dependencia adscrita a la Secretaría de Gobierno, para discutir el alcance y cumplimiento del fallo. Ellos se comprometieron a iniciar las acciones necesarias y a coordinar con la Gobernación del departamento para definir las responsabilidades que les corresponden en este proceso”, concluyó Hernández.

La solución a esta problemática depende de la presión ejercida sobre las entidades públicas para que cumplan con el fallo que les exige caracterizar a la población beneficiaria del comedor. No solo se trata de identificar a los beneficiarios, sino también de garantizarles los derechos básicos que evitarán que continúen afectando a los estudiantes y transeúntes del Monumento Nacional de Valledupar.

Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN

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