Las soluciones transitorias para afrontar una realidad no pueden convertirse en paliativos permanentes. Si se quieren resultados diferentes se debe conocer la historia para proponer acciones distintas. La Guajira lo necesita. Solo así, se podrán salvar vidas de nuestros niños y niñas wayuu.
Se convirtió en un desafío convencer al Gobierno de la grave situación en la Alta Guajira. Era el año 2015 y desde el 2011 no caía una sola gota de lluvia. El desabastecimiento del líquido y la escasez de víveres procedentes de Venezuela habían generado una emergencia social. Fue solo tras una conversación con el entonces presidente Juan Manuel Santos que las advertencias fueron atendidas.
La respuesta inicial fue la distribución de paquetes alimenticios en comunidades indígenas, presentados en cajas marcadas con el logo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). ‘La Manito’, como jocosamente aún lo apodan los wayuu.
La institucionalidad se volcó a la región. El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) construyó 29 estructuras provistas de igual número de pozos y sistemas de potabilización, rodeados de una hectárea de tierra cultivable, otro tanto hizo el Ministerio de Agricultura. Desafortunadamente, la mayoría hoy tienen problemas de funcionamiento, dadas las dificultades presupuestales de los municipios de la zona.
El ICBF, entre 2015 y 2018, amplió en un 30 % los cupos de atención a la población infantil (cifra que podría ser considerada como baja si no se tiene en cuenta que entre 2011 y 2014 creció en un 372 %). Tuvo que trabajar en conjunto con la Registraduría, que desplegó unidades móviles para registrar a los niños y niñas del territorio, especialmente a los que llegaron desde Venezuela. Y se lograron recursos para mejoramiento de vías terciarias como la que conduce de Uribia a Windpeshi.
Hubo una acción que generó gran recordación: los casi 100 carrotanques enviados por la UNGRD. Llegaron tarde, pues eran conducidos por “cachacos” que, cómo era de esperarse, se perdieron.
Precisamente ese día se hizo presencia en el sitio con la gobernadora y el alcalde de turno. La situación generó tensiones con las comunidades wayuu, quienes se sintieron excluidas, pues sus vehículos, que conocían el territorio y las rutas de repartición de agua, no fueron tenidos en cuenta para ese propósito, perdiéndose la oportunidad de generar ingresos para la economía local.
Ante ello, los mandatarios se vieron obligados a desarrollar un plan que los tuviera en cuenta y así facilitar la entrada de los foráneos. Sin embargo, las dimensiones y su peso generaron una complicación adicional, ya que se “enterraban” en las trochas y no lograban acceder a las comunidades más aisladas y necesitadas de agua.
Se empezó entonces a insistir mucho más en algo que se convirtió en una obsesión: la construcción de la carretera que conecta la Alta Guajira, el único desierto habitado del país, con Colombia, lo cual generaría oportunidades económicas y haría más eficiente la presencia del estado.
Ya a finales de 2015, el vicepresidente Germán Vargas, tras haber escuchado la insistencia, incluyó los estudios técnicos dentro del plan estratégico del sector transporte. Culminaron en el 2020, lo cual coincidió con la discusión del Presupuesto General de la Nación de 2021 y, con la anuencia del presidente Duque, en el marco del plan de reactivación económica post COVID, se aprobó en el Congreso una partida de alrededor de 450.000 millones de pesos, que sirvieron para contratar una tercera parte de la vía.
Ocho años después, llegan 40 carrotanques desde Bogotá, reforzando los que son contratados por los gobiernos locales, pero que aún no tienen una carretera por donde transitar, lo que va a tornar difícil su operación, además porque su capacidad es de dieciséis metros cúbicos, 16m3, muy grandes para los desafíos que supone repartir agua en esa zona, y porque, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo desde la Gobernación de La Guajira a través de la Empresa Departamental de Servicios Públicos – ESEPGUA y la Ministra de Vivienda, aún no existen suficientes fuentes de agua para poder abastecerlos, amén de las 22 obras en ejecución que existen en el momento.
En las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación para esta vigencia, se insistió mucho al gobierno que destinara los recursos para la terminación de dicha carretera, pero no se logró. No obstante, es imperativo seguirlo haciendo, incluso para que se reactive la construcción de la parte ya contratada que fue suspendida.
El año pasado, en la reunión oficial del Partido de la U con el presidente Petro, se le solicitó que se conversara sobre La Guajira y que así todos aprendieran de la experiencia, pues hay acciones planteadas que ya han fracasado. Lastimosamente eso no ha sucedido. Solo trabajando en conjunto podremos disminuir los altos índices de pobreza multidimensional, que en partes de nuestro desierto llegan hasta el 92,2 %, afectando no solo el departamento, sino a todo el país.
Por: Alfredo Deluque Zuleta
Senador de la República