Por: Amylkar D. Acosta M1
Cuando ya estaba de partida, el ex ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga le aconsejó a su sucesor, Juan Carlos Echeverry, que “si mañana el petróleo está a 100 dólares el barril, quiere decir que el gobierno no puede gastar esa plata, la tiene que ahorrar para pagar deuda y si ya esta alcanza un nivel mínimo, pues entonces deberá guardarla para crear ahorros…Hay que definir que las vigencias futuras deben representar un determinado monto de un presupuesto, eso hace que sea mucho más selectivo el gasto”. Este fue el preludio a su anuncio posterior de la presentación a la consideración del Congreso de la República del proyecto de acto legislativo “por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho”. De hecho el Gobierno saliente acababa de recibir de manos del Comité Técnico Interinstitucional, integrado por el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y el DNP, un documento contentivo de dicha propuesta, así como de la reforma del régimen de regalías. En una alusión directa a las medidas tendientes a frenar la revaluación galopante del peso frente al dólar, expresó el ex ministro Zuluaga que “la Regla fiscal es la contribución que el Gobierno Nacional le da al banco. Es la regla de austeridad que acompañará el esfuerzo del B de la R”. Mejor dicho, el diablo haciendo hostias!
Lo más inverosímil es que estas palabras provengan de quien manejó las finanzas públicas del Gobierno anterior, que no se caracterizó propiamente por su disciplina fiscal. Lejos de ello, como lo acota ANIF, “representa una paradoja, pues fue el mismo gobierno el que se gastó el FAEP precisamente cuando el manejo anticíclico lo que exigía era haberlo reforzado, incrementando la acumulación de recursos en épocas de vacas gordas”. En ello coincide con el investigador de Fedesarrollo Mauricio Reina: “es paradójico que el Gobierno presente un ajuste como este sólo hasta ahora, teniendo en cuenta que lo habría podido hacer en la época de mayor auge de la economía colombiana de los últimos treinta años (entre 2002 y 2007) que le correspondió administrar”. A él le tocó precios del petróleo de US $147.50 en julio de 2008 y no solamente no ahorró un solo peso de esa bonanza de la que poco se habla, sino que se feriaron los recursos ahorrados en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), el cual fue creado a través de la Ley 209 de 1995.
Como nos lo recuerda el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, “en septiembre de 2002, tras seis años de las vacas flacas de la historia reciente, el FAEP había subido a 1.6 del PIB, su máximo nivel histórico…Entre septiembre de 2002 y diciembre de 2009, finalmente, época de vacas gordas, el FAEP cayó en 1.2 puntos del PIB”, es decir quedó reducido a la nada! Y qué decir de las vigencias futuras, el anterior gobierno comprometió $30.5 billones, de los cuales 84.8% pesará sobre los presupuestos de las vigencias entre 2011 – 2016 y el 15.2% sobre los correspondientes al período 2017 – 2027.
La administración Uribe batió todos los record; mientras los gobiernos presididos por Samper y Pastrana comprometieron vigencias futuras por valor de $3.2 billones, durante los dos períodos de Uribe el monto se elevó a los $27.3 billones. Va para el Gobierno de Santos la misma admonición de Jesucristo a sus discípulos: “sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo; más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no la hacen”.
Es bien sabido que el Gobierno central arrastra un déficit fiscal estructural el cual data desde 1993. Los gastos recurrentes, inflexibles y con tendencias hacia el deterioro totalizan en promedio un 19.7% del PIB. Entre tanto los ingresos a duras penas alcanza el 15.5% del PIB. De esta manera se tiene un déficit estructural del orden del 4.2% del PIB en cabeza del Gobierno central. Por lo demás, la presión tributaria se encuentra estancada en niveles del 13% del PIB frente a una media del 17% del PIB en américa latina. De allí el persistente déficit primario del Gobierno Central (faltantes antes del pago de intereses de la deuda) el cual oscila en torno del 1% del PIB, el cual lo ha llevado a incurrir en lo que se denomina esquema “ponzi”, estos es, a recurrir a más endeudamiento para atender el pago de los intereses corrientes de su deuda. Este es el panorama que enfrenta el Gobierno Nacional cuando estamos ad portas de la anunciada bonanza minera-petrolera y se teme que esta incube el virus de la enfermedad holandesa, la cual además de resistente es autoinmune.
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