No suelo escribir del mismo tema en columnas continuas; sin embargo, hoy lo demanda las gravísimas consecuencias provocadas por el cierre principal de la frontera colombo-venezolana con la deportación indiscriminada y otros maltratos de la fuerza pública venezolana a miles de colombianos.
No es patrioterismo, es un gesto de solidaridad con mis compatriotas inocentes y vulnerables, ultrajados arbitrariamente por el presidente Nicolás Maduro, en realidad, ignorando las calamidades que le genera a mucha gente, tanto colombiana como venezolana, que ya han conformado familias y ahora son desintegradas de manera forzada, dejando hijos pequeños desamparados, no sólo del cuidado y sustento maternal o paternal sino del apego que requieren los niños para mejor formación como adultos.
Sería insensatez desconocer el inmenso beneficio que hemos recibido los colombianos de las riquezas de los venezolanos, provenientes de sus grandes yacimientos petrolíferos, cuyo bienestar lo han compartido con millones de colombianos, entre los cuales se encuentran varios miembros de mi familia, quienes migraron al vecino país en búsqueda del quehacer que en el nuestro es difícil conseguir.
Aunque ninguno de mis familiares cercanos se encuentra entre los hasta en el momento humillados sin contemplación, porque trabajan legalmente en ese país, me duele el atropello físico y anímico que les ha tocado soportar aquellos indocumentados que diariamente rebuscan su supervivencia y de quienes dependen de ellos, por ende, se les dificulta legitimar su estancia en ese territorio foráneo.
Preocupante, la situación de los deportados que permanecen en albergues improvisados carentes de todo.
Patética odisea humanitaria que según parece se va aumentar y alargar, en vista de que el presidente Santos, en su alocución televisa de antier anunció que el “brillantísimo” Fiscal de nuestro país, le comunicó que en el marco de su autonomía puede presentar denuncia ante la Corte Penal Internacional contra los miembros de la cúpula civil y militar del Gobierno venezolano que podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma.
Esto si sería un verdadero dislate por la perdedera de tiempo en la reapertura de la frontera.
Pues, ya quedó demostrada nuestra falta de peso en la diplomacia internacional con el fracaso de la convocatoria de una reunión urgente de cancilleres de los países de la OEA, para debatir la situación actual de los colombianos deportados desde Venezuela con violación de los derechos humanos.
La solución expedita es la reunión entre los presidentes Maduro y Santos, entonces toca aceptarla lo más pronto posible, porque cualquier otra propuesta es dilatar el sufrimiento de muchos connacionales, ya que al fin y al cabo tiene que escucharle de viva voz su grosera perorata.