La capital de Costa Rica sirvió como escenario de un hecho trascendental que marcaría el devenir de nuestra historia, pues fue allí donde tuvo lugar la suscripción de la Convención Americana de los Derechos Humanos, más conocido como el Pacto de San José; instrumento internacional promovido por la O.E.A. que versa sobre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, aprobado por Colombia mediante la Ley 16 de 1972 y cuya entrada en vigencia para nuestro país cumplirá el próximo 18 de julio la bicoca de 44 años. Dicha fecha cobra singular importancia en momentos en los que soplan con fuerza vientos de cambio.
Este convenio aboga en defensa del derecho del sufragio como piedra, angular de la democracia, asignando la competencia exclusiva para el juzgamiento de funcionarios de elección popular a la Fiscalía y a los jueces penales, que no en un órgano administrativo, vale decir no jurisdiccional, que investiga por presuntas faltas disciplinarias, cuando lo que se exige es que sea por la comisión de delitos. (Ver Artículo 23 numeral 2° de la C.I.D.H.).
Es así, como se plantea la posibilidad de acabar con la Procuraduría General de la Nación, organismo actualmente cooptado por el ejecutivo, burocratizado y para colmo politizado y, que esa legión de funcionarios, pase a engrosar un cuerpo élite anticorrupción en la Fiscalía.
Consideramos que el remedio puede resultar peor que la enfermedad, pues la Fiscalía General de la Nación, en estos momentos también está cooptada por el ejecutivo, politizada, burocratizada. Es decir, saldríamos “de Guatemala pa’ Guatapeor”.
Ahora bien, si algo ha dado lugar a la politización de los mencionados organismos es su forma de elección, pues en ambos casos involucra al ejecutivo, toda vez que es quien da su candidato para conformar la terna para elegir al procurador, y elige al fiscal general de la nación de los candidatos ternados por el Consejo de Estado, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia.
Sintetizando: Se requieren reformas que hagan de la P.G.N. y de la F.G.N. órganos independientes, despolitizados y desburocratizados, y para ese propósito bastaría entonces con un proyecto de Acto Legislativo que modifique su competencia y forma de elección, acompañado de un estudio técnico que determine los cargos que deben ser eliminados, los que deben fusionarse y los que son innecesarios por el tema de la duplicidad de funciones. De esta manera nos ahorraríamos unos recursos que entrarían a fortalecer el raquítico presupuesto nacional y recuperaríamos la misión institucional de estas entidades.
Nota de cierre: Con gran éxito se desarrollaron en la capital mundial del vallenato, los juegos bolivarianos en su versión XIX, ahora corresponde mantener los escenarios deportivos en buen estado ¿se logrará? Amanecerá y veremos.
Por Darío Arregocés
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