En una cibernética conversación con mi buen amigo, el destacado periodista Jorge Laporte Restrepo, analizábamos desde diferentes puntos de vista los efectos que en el departamento del Cesar podría tener la aplicación del decreto 683 del 21 de mayo de 2020, según el cual, los departamentos y municipios que no alcanzaron a presentar el plan de desarrollo en la fecha reglamentada o que en su parte estratégica no contemplara la mitigación a los efectos derivados de la pandemia del coronavirus covid-19, tendrían plazo de presentarlo hasta el día quince de junio.
Laporte, preguntaba que si la administración departamental estaría interesada en aprovechar esta oportunidad presentando algunas modificaciones, a lo que respondí que el plan del departamento ya estaba aprobado, por lo que no clasificaba en la primera causal y que la pandemia por ser de tipo infecciosa y ambiental, ya debía estar dentro de las metas trazadoras y de producto del subprograma de Salud Pública, anulando igualmente la segunda expectativa.
Convencido yo que tenía razón porque, equivocadamente enmarqué mi concepto en los quicios de una estrategia sanitaria, pronto me choqué con el error; la reflexión me mostró que la crisis de la pandemia tiene un componente superior y al que poco se le está trabajando, como lo es la mitigación económica a la pobreza, exclusión, desempleo e incertidumbre que íntimamente va ligada al confinamiento obligatorio y que en ese sentido el plan de desarrollo departamental no tiene una letra.
Fue entonces cuando en mi incipiente investigación, conocí el texto de la proposición N° 067 del 2 de junio presentada por los diputados Claudia Margarita Zuleta Murgas y Ricardo Fidelio Quintero Baute, la cual fue negada por la plenaria de la honorable Asamblea del Cesar, en la que se citaba al secretario de Planeación Luis Mendoza Sierra para establecer ajustes al plan.
En este momento no se trata de cuestionar la posición política de los diputados que negaron la propuesta o de sesgadamente analizar los componentes del plan de desarrollo, prefiero llamar a la Duma a reconsiderar esa posición y si el desacuerdo es político, entonces que sean los miembros de la coalición del gobierno quienes presenten la iniciativa o agencien ante la administración departamental la presentación de unas modificaciones que se compadezcan de la dura realidad que aqueja a las familias del Cesar.
No hay nada que inventar, las cifras son certeras, por nombrar algunas, la tasa de desempleo en el Cesar año 2018 era del 11,2% cuando en Colombia era el 9,7%, en el mes de abril el país arrastró un desempleo de 19,8%, un poco más del doble, el más alto de los últimos diez años, ¿en cuánto estaremos nosotros?, siendo optimistas hacemos una regla de tres. Por los lados de la Incidencia de pobreza monetaria año 2018 fue de 42,3% y la incidencia de la pobreza monetaria extrema 12,5%. El coeficiente de Gini que mide la desigualdad, donde 0 es igualdad absoluta y 1 desigualdad total, tenemos el 0,487 sin tiempos de pandemia. Preocupante panorama social.
Los municipios, con muy contadas excepciones, no tienen capacidad financiera para direccionar recursos, sin incumplir sus competencias básicas. Le toca a la administración departamental ponerle corazón a las regalías del departamento, llegando a cada hogar con una posible solución. Este no es tiempo de cemento, el virus se queda y no se sabe hasta cuándo, triste sería que más mate el hambre que la pandemia. La riqueza natural de nuestro departamento debe irradiarse a los bolsillos de sus habitantes. Un abrazo.