Por: Indalecio Dangond Baquero
En el segundo foro de Región Caribe Siglo XXI, organizado por el diario El Heraldo y al cual fui invitado a participar como moderador, en el grupo de debate sobre política de financiamiento agropecuario, me pude dar cuenta de que el gobierno nacional está implementando sus políticas de desarrollo regional, desde Bogotá, ignorando la información valiosa, la experiencia y el conocimiento de nuestros dirigentes gremiales, empresarios, académicos y organizaciones de profesionales.
Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que mientras el doctor Carlos Rosado, director de Invias, anunciaba una partida de 300 mil millones de pesos para las obras de infraestructura vial en nuestra región, el doctor Víctor Cantillo, presidente de la asociación de ingenieros del atlántico, hablaba de un presupuesto de 800 mil millones para reparar las vías terciarias afectadas por la ola invernal.
Por otra parte, mientras los expertos en comercio exterior, Felipe Jaramillo y Andrés Espinosa -asesores de los ministros de Comercio y Agricultura-, anunciaban con bombos y platillos la conveniencia de suscribir los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y Corea del sur, el presidente de Fedegan José Félix Lafaurie, lamentaba estos acuerdos comerciales por lo desventajosos que son para nuestros ganaderos y agricultores, porque las exigencias sanitarias y fitosanitarias de esos países, imposibilitan la entrada de nuestros productos avícolas, cárnicos, lácteos y agrícola.
Respecto al tema de navegabilidad del rio magdalena, dragado del canal de acceso al puerto de Barranquilla y los programas de reforestación, no se escaparon de esta descoordinación institucional. Mientras el Presidente santos está mirando como nombra un nuevo director de Cormagdalena, que sea apoyado por los senadores de la coalición, los panelistas estaban planteando una reestructuración administrativa de la entidad, porque no es viable, mientras tenga una junta directiva conformada por más de 18 miembros entre ministros, gobernadores y alcaldes, entre otros.
Mientras que el Invias está preocupado por la legalización del contrato del dragado del canal de acceso por parte de la firma belga Jan de Nul, -por cierto, bastante cuestionada por posibles arreglos bajo el agua-, los panelistas estaban debatiendo la propuesta de la creación de una autoridad portuaria que administre la zona portuaria.
En el sector agropecuario la cosa es peor. La Ley de tierras tiene muchos vacíos jurídicos de procedimiento, la Ley de Desarrollo Rural parece más una tesis universitaria plagiada que una Política de Estado, el Banco Agrario está secuestrado por los políticos y la ineficiencia, Finagro dejó de ser una entidad proactiva de fomento al sector para convertirse en un fondo policivo y entorpecedor de las colocaciones de créditos por parte de la banca privada. Cambia el manual de crédito hasta 50 veces al año, creando una inestabilidad jurídica en el sistema, mayor riesgo y – por ende-, menor inversión.
Se nota a legua que el Ministro Juan Camilo Restrepo tiene buenas intenciones de sacar el sector adelante, pero cuenta con un equipo de profesionales teóricos sin experiencia en el sector que le están haciendo cometer muchos errores. Señor ministro, dicen que el pesimista es un optimista bien informado, es hora que se rodee de pesimistas.
Aquí alguien está mintiendo, y esto le puede traer serios tropiezos al gobierno en su estrategia de incrementar el empleo, reducir la pobreza y mantener la seguridad y la competitividad en nuestra región Caribe.
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