Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, refiere en su libro la IV Revolución Industrial, que la primera Revolución Industrial abarcó desde 1760 hasta más o menos 1840, desencadenando la construcción del ferrocarril y la invención del motor de vapor. La segunda entre finales del siglo XIX y principios del XX hizo posible la producción en masa, fomentada por el advenimiento de la electricidad y la cadena de montaje. La tercera inició en la década de 1960, se la conoce como la revolución digital o del ordenador, pero con alta influencia del petróleo.
La cuarta no solo consiste en máquinas y sistemas inteligentes y conectados. Su alcance es más amplio. Al mismo tiempo, se producen oleadas de más avances en ámbitos que van desde la secuenciación genética hasta la nanotecnología, y de las energías renovables a la computación cuántica.
La energía es estratégica para el desarrollo y la competitividad de los países. Entendiendo esa connotación, Colombia aprendió la lección del apagón de 1991, y como es habitual y normal en los estados de derecho, fueron expedidas las Leyes 142 y 143 de 1994, normas que definieron los roles de los diferentes actores del sector de energía eléctrica y gas natural en el país, desde el diseño de la política, la planeación sectorial, la regulación, y las funciones de vigilancia y control.
La prestación del servicio de energía ha sido un tormento para los aproximados 2.5 millones de usuarios de la región Caribe, conjugando situaciones como intermitencia y discontinuidad del servicio, fraude al sistema y el abuso de Electricaribe, que durante casi 10 años no realizó las inversiones mínimas requeridas para mantener a punto sus redes, subestaciones, circuitos y otros equipos.
Ante esas circunstancias, en octubre de 2020, Afinia, filial del Grupo de Empresas Públicas de Medellín (EPM), comenzó a prestar el servicio de energía eléctrica a 1,5 millones de usuarios en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del departamento de Magdalena. El anuncio pletórico y esperanzador terminó siendo efímero, las quejas de los usuarios recrudecieron.
Pertinente resaltar que en los próximos 10 años, Afinia tiene el compromiso de realizar inversiones por $8 billones en infraestructura eléctrica (subestaciones y líneas, redes de distribución y aseguramiento de la red), e inversiones adicionales en Tecnología de la Información y Tecnología de la Operación.
En su momento Electricaribe motivó el debate político, en el mismo camino va Afinia. Nuestros dirigentes dicen: “Alzamos la voz”, no obstante, la permanencia del problema invoca la condición de reorientar la estrategia, incluso la inherente al futuro energético de la región Caribe, relacionada directamente con la competitividad.
La dirigencia política del Caribe debe actuar en bloque (congresistas, gobernadores y alcaldes), y presentarle al Gobierno nacional (CREG) una propuesta de reformulación de la estructura tarifaria ajustada a la situación socioecomica de la gente y al alto consumo de energía para sofocar las altas temperaturas. La propuesta debe desarrollar la política de uso racional de energía y motivar e incentivar la inversión de proyectos con Fuentes No Convencionales de Energía, que permitan el aprovechamiento de los recursos energéticos abundantes en la región. Se debe actuar como lo destacó Henri Bergson: “El filosofía, el problema bien planteado es un problema resuelto”.