El Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de Control de Garantías decidió otorgarle la detención domiciliaria al exalcalde de Astrea, Sandy Sepúlveda Sánchez, en el marco del proceso en su contra por presuntamente ocasionar un detrimento patrimonial durante su administración municipal en los recursos destinados a la población en condición de discapacidad.
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Esta misma medida también fue aplicada a Aidee Teresa Mejía Pallares, exsecretaria de Desarrollo social y prevención en salud de Astrea y a Mireya Isabel Díaz Montenegro, representante legal de la Fundación de Educación y talentos especiales, Funete.
Los únicos procesados que continuarán enfrentando el pleito estando en libertad condicional serán los ciudadanos Antonio Arturo Amaris Ariza, Yesid Eduardo Marín Gutiérrez y Álvaro Adolfo Murgas Romero.
Así quedó establecido en la tarde del viernes en el marco de la continuación de las audiencias preliminares virtuales de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento.
El juez consideró que esa medida privativa de la libertad aplicada al exalcalde y las otras dos procesadas era suficiente para salvaguardar los fines constitucionales como que no vaya a ver obstrucción a la justicia.
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“El despacho considera que una no privativa hubiese resultado insuficiente (…), considerando su calidad de dirigente político; por cualquier otra conducta que afecte a la administración pública, el despacho debe acoger favorablemente la solicitud de la Fiscalía apartándose de la posición de su abogado defensor”, dijo el juez Fabián Pumarejo, sobre la medida del exalcalde.
La determinación del administrador de justicia quedó en firme porque ninguno de los juristas de la defensa interpuso recurso de apelación.
No obstante, horas antes el abogado Germán Piñeres Vanegas, quien representa los intereses del exalcalde, había solicitado que su prohijado afrontara el proceso en libertad porque a diferencia del fiscal consideró que no constituye un peligro para las víctimas ni obstruiría a la justicia.
“Sandy no tiene ningún vínculo con la alcaldía de Astrea, su periodo terminó, lo que ocurre es que la Fiscalía pretende traer hechos o conductas pretéritas acá, es decir, hace una conversión como por arte de magia, lo que yo llamaría una realidad aumentada como quien dice lo que fue acá, será con peores resultados. Pero ya Sandy no tiene el dominio, ni tiene relación con el alcalde porque al contrario son opositores políticos”, expresó Piñeres.
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La investigación que llevó a esta instancia al exalcalde y cinco personas más provienen de una serie de contratos y convenios que, según la Fiscalía, el exburgomaestre celebró con los otros para apropiarse de los recursos económicos destinados a un determinado sector de la comunidad.
Según la Fiscalía 12 seccional, se alcanzaron a concretar a concretar más de cuatro contrataciones durante los años 2016 – 2019 para apropiarse de $335.572.580, los cuales, supuestamente eran justificados en su mayoría con actividades que no se ejecutaban.