Las curadurías están a punto de cerrar la prestación de sus servicios porque hace año y medio que no llegan a su punto de equilibrio para cumplir con sus obligaciones. Es la única ciudad del país que tiene este problema, ya que las expensas percibidas no alcanzan para cubrir los gastos que demanda la prestación del servicio, incluyendo el pago al grupo interdisciplinario de apoyo y la remuneración del curador. El recaudo de las curadurías de Valledupar se puede deducir al comparar entre los cuatro curadores que tiene Bogotá con una población de ocho millones de habitantes y los dos curadores de Valledupar con 450.000 habitantes, donde la expedición de licencias depende de la eficacia en el control físico y de la equidad en las imposiciones de cargas urbanísticas y tributos asociados al trámite, acciones que el alcalde no ejerce, produciendo con su omisión pérdidas por más de mil millones de pesos a estas entidades.
Al comienzo del mandato de Augusto Ramírez, fuimos claros los curadores al advertirle que una de las causales de la recesión de la economía formal, se debe a la exigencia del pago de dos cargas urbanísticas previas a la obtención de la licencia, situación onerosa, sobre todo, cuando dichas cargas presumen vicios de nulidad y que de seguir así, lo que se esperaría era la resistencia ciudadana a solicitar permisos, optándose por construir evadiendo el pago de impuestos, sobornando a los inspectores del control físico y desobedeciendo el régimen normativo, escenario que motivó la solicitud de modificación del POT vigente, con el fin de anular las normas que perjudicaran el desarrollo de Valledupar y el alcalde ignoró nuestras peticiones, pese a las denuncias de falsos positivos en el control físico de la Oficina de Planeación.
La verdad es que no se interesó por remediar la apremiante situación de las curadurías, prefiriendo salirle al paso a la legalidad, contrariando las leyes de los planes viales y para colmo de males, promocionando su gran proyecto de túneles en la ciudad, eludiendo la modificación POT, firmando contratos ilegales, recaudando recursos de cargas impositivas a sabiendas de las dudas de su legitimidad y aplaudiendo la conducta de su funcionario Aníbal Quiroz, que en procesos contravencionales de normas urbanísticas, hace lo propio, revocando de forma dudosa el pago de multas resultantes del control físico, que ya se encontraban en la Secretaría de Hacienda para el cobro de más de 600 millones de pesos en solo tres expedientes. Para probar este presunto fraude, solo basta con revisar las revocatorias expedidas para detectar que ningún profesional del derecho avaló sus argumentos jurídicos justificativos y que, con la sola firma del Jefe de Planeación se hayan impedido dichos cobros; de manera que se puede deducir sin mayores esfuerzos, los enormes beneficios derivados de estos falsos positivos que no son más que aparentes anuncios de aplicación de autoridad, pero que en realidad son negocios muy lucrativos. Si eso ocurrió con tres expedientes, ¿qué pasaría con los 300 procesos archivados? Aquí no hay quién responda.
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Por Augusto Enrique Orozco Sánchez