Hace pocos días se celebraron cuatro años de la vigencia de la Ley 1448, de 2011, más conocida como la Ley de Víctimas, un avance de la sociedad colombiana en la búsqueda de reconocer, dignificar y recomponer las vidas y el tejido social de las personas afectadas por el conflicto armado en nuestro país.
En la conmemoración de este aniversario, las víctimas debemos aplaudir sus numerosos aciertos, pero, a la vez, debemos subrayar los campos en los cuales se requieren mayores esfuerzos gubernamentales.
En la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (FEVCOL), proponemos que, ahora, cuando el país se está enfocando en conocer la verdad, se tenga en cuenta, en el Registro Único de Víctimas y en las estadísticas oficiales, el origen de los victimarios, que, inexplicablemente, ha sido borrado de los registros. Si queremos la paz, lo peor que podemos hacer es tenerle miedo a la verdad.
Estimamos también que es crucial el fortalecimiento de la acción local en el plan de observancia de la Ley de Víctimas. Notamos que ha sido insuficiente la pedagogía para la inscripción de las víctimas en el registro nacional. Esta se ha hecho principalmente desde las instituciones nacionales, pero como esta debe hacerse a nivel local y a menudo en lugares recónditos de Colombia, es fundamental la dedicación de los gobiernos municipales y de los personeros y, para ello, por supuesto, se requieren recursos.
Además, la implementación de la ley con programas de acción concretos y su necesaria descentralización pasa por profesionalizar al máximo los comités territoriales de justicia transicional, con recursos técnicos, con formación y con mecanismos de rendición de cuentas y evaluación.
A causa de la falta de divulgación de la ley y de descentralización en la atención a las víctimas, muchas no han podido inscribirse en el registro único nacional. Y justamente ahora, cuando acaba de vencerse el plazo de inscripción en el mismo, cientos de miles de víctimas, que no han recibido la adecuada asesoría, se quedarán por fuera de la protección de esta ley. Por ello hemos presentado dos proposiciones que no se tuvieron en cuenta en el Plan de Desarrollo, y la representante Clara Rojas presentó un proyecto de Ley, que estamos apoyando para que el plazo de este registro se amplíe un año más.
Nos han machacado, nacional e internacionalmente, que este es un proceso de paz que tiene en cuenta a las víctimas. Pero no podrá haber un proceso de paz satisfactorio mientras las víctimas sigan siendo ignoradas, soslayadas o revictimizadas y esto no podrá ser superado, mientras no se logren la descentralización y la verdad en el proceso y la inscripción de todas las víctimas.
*Senadora de la República.