En un año y dos meses de mandato, cuatro alcaldes del Cesar ya tienen procesos disciplinarios abiertos, por los que deberán responder ante la Procuraduría Provincial de Valledupar. Algunos corren el riesgo de ser destituidos antes de cumplir sus periodos administrativos, mientras que otros podrían quedar en manos de la Fiscalía y ser encarcelados.
El caso más reciente fue conocido ayer desde la Procuraduría Provincial, que le abrió investigación a la alcaldesa de Chiriguaná, Zunilda Toloza Pérez, con base en el fallo en segunda instancia del Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, que dejó en firme la nulidad de la elección de la personera de esa localidad, Luzoan Caro Padilla, por lo que el Concejo Municipal debía elegir de la lista de elegibles a otro aspirante que tuvo mayor puntaje en el concurso de méritos.
Dicho fallo configura la vacancia absoluta del cargo de Personero de Chiriguaná, el cual debe suplirlo el Concejo Municipal mediante otra elección, que debía hacerse de acuerdo con el resultado final que emitió la Universidad de Cundinamarca.
Según la queja interpuesta en la Procuraduría Provincial, Zunilda Toloza Pérez podía convocar entre junio, julio y agosto de 2016 al Concejo a sesiones extras para tocar el tema de la elección del Personero, pero nunca lo hizo.
Pedro Miguel Peinado, ganador del concurso de méritos y quien denunció el caso, recibió el respaldo del Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná que exhortó al Concejo de Chiriguaná a suspender la elección de Caro Padilla, retomar la lista de elegibles para ocupar dicho cargo y posesionar al aspirante que tuviera el mayor puntaje. De igual manera, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar emitió fallo de anulación.
Tras la sumatoria de los resultados de las pruebas de conocimiento aplicadas por la Universidad de Cundinamarca y las pruebas laborales, Pedro Peinado ocupó el primer lugar con 64.67 % y Luzoan Caro el tercero, al obtener 62.34 %.
Este hecho involucró a los concejales Walter García Machado, Iván Cadena Rivera, Néstor López Salazar, Jaime Cadena, Miguelina Orta Montecristo, Alez Galvis Barragán y Alejandro Malkun Oyaga, quienes en diciembre del año anterior fueron absueltos por la Procuraduría Provincial de Valledupar, en fallo de primera instancia. Hoy Chiriguaná sigue sin Personero en propiedad.
Al igual que Toloza Pérez, los alcaldes de La Jagua de Ibirico, Yarcely Rangel Restrepo; Luis Vladimir Peñaloza Fuentes, de Agustín Codazzi e Hidalfo Rafael De la Cruz, de El Paso; son investigados y podrían ser amonestados por las presuntas faltas denunciadas.
Fondo de investigaciones
Al alcalde de Agustín Codazzi, Luis Vladimir Peñaloza Fuentes, la Procuraduría Provincial de Valledupar le abrió proceso disciplinario luego de analizar y darle trámite a la denuncia de un particular por el presunto conflicto de intereses del mandatario local en la ejecución de un contrato de infraestructura.
Mientras tanto, Yarcely Rangel Restrepo está vinculada a una presunta inhabilidad por la adjudicación de un contrato en el que denunciaron conflicto de intereses. Esta misma querella vincula al exalcalde Didier Lobo Chinchilla.
Por último, el Ministerio Público le dio trámite y requirió al alcalde de El Paso, Hidalfo Rafael De la Cruz, por no darle cumplimiento a un requerimiento de un particular. Es de resaltar que la Procuraduría Provincial de Valledupar puede abrir una investigación contra un funcionario público, simplemente porque no contesta un derecho de petición.
Mientras que en la Procuraduría Regional del Cesar se llevan investigaciones contra exmandatarios como Fredys Socarrás Reales, por el contrato de $1.400 millones que suscribió con la periodista y politóloga Natalia Springer, a través de su firma Springer Von Shwarzeneberg, para crear la primera escuela de paz en Valledupar.
Así mismo, se conoció que el exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco es investigado por la contratación y ejecución de obras como la Universidad Nacional, sede Caribe, ubicada en el municipio de La Paz; el Estadio Municipal de Fútbol Armando Maestre Pavajeau y la pavimentación de la vía Zanjón – Pueblo Bello, para la que inicialmente destinaron más de $39.000 millones que no alcanzaron para pavimentar los 30 kilómetros de la carretera, lo que hizo necesario hacerle una adición de $1.000 millones; sin embargo, la inversión solo alcanzó para asfaltar 22.7 kilómetros.
Otro de los investigados es el exalcalde Luis Fabián Fernández Maestre, quien tiene varios procesos.
Contraloría y la corrupción en la salud
Los tentáculos de la corrupción están por todos los sectores, pero en la salud genera preocupación para los organismos de control.
Es así como la Contraloría General del Departamento del Cesar realizó una investigación en seguimiento a la red hospitalaria del departamento, durante la vigencia 2015.
Según el contralor César Cerchiario De la Rosa, 26 hospitales fueron indagados de la siguiente manera: 23 municipales y tres del orden departamental como son el Rosario Pumarejo de López, San Andrés de Chiriguaná y el José David Padilla Villafañe de Aguachica.
El informe final revela que en el Hospital de Tamalameque, sur del Cesar, el gerente de la época, Carlos Alberto García Guevara, suscribió 43 contratos de prestación de servicios del área asistencial y administrativa, por valor superior a los $318 millones, sin cumplimiento de requisitos legales como certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales, estudios previos, “violando con ellos no solo el manual de contratación vigente en el hospital, sino disposiciones generales que regulan este tipo de actuación”, indica la investigación desarrollada por la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría General del Cesar.
Cerchiario De la Rosa explicó también que el informe definitivo arrojó una serie de hallazgos, como son los siguientes: penales (7), fiscales (10), sancionatorios (3) y disciplinarios (26). El valor de los hallazgos fiscales asciende a $680.000 millones.
“En el Hospital de Tamalameque se pudo evidenciar que se giró la suma de $322.765.641, sin que mediara un comprobante de egresos con todos los soportes requeridos y desconociendo quién sería su beneficiario (…). Con corte a diciembre 31 de 2015, la administración saliente del hospital dejó una deuda por valor de $40.345.527, por los siguientes conceptos; estampillas ($38.839.609) y estampilla UPC ($1.505.918). Los citados valores fueron descontados a los contratistas y proveedores, sin embargo no fueron girados a las entidades destinatarias según el concepto; por otro lado, los dineros retenidos no se encuentran físicamente en bancos, por lo que se presume fueron destinados para cubrir gastos diferentes a los que corresponde”, advierte el documento al que tuvo acceso EL PILÓN.
Se conoció además que el exgerente Carlos Alberto García Guevara manejaba los dineros del Hospital de Tamalameque en una cuenta bancaria personal, teniendo en cuenta que la entidad tenía las cuentas embargadas y sus ingresos eran confiscados para pagos a terceros y demandantes.
Por estos hechos, la Contraloría General del Departamento del Cesar trasladó a la Fiscalía General de la Nación para que continúe un proceso judicial.
Este caso es similar al del exgerente de la EPS indígena Dusakawi, Enoc Clavijo, y del contratista de la misma empresa, Hernán Osorio, a quienes la Fiscalía investiga por la posible usurpación de más de $3.900 millones que eran para las comunidades arhuacas, wiwas, kogui, kankuamas y yukpas, con asentamientos en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Durante la audiencia de legalización de captura, los detenidos no aceptaron cargos por peculado en concurso homogéneo sucesivo y asociación para cometer el delito contra la administración pública.
La Procuraduría Provincial de Valledupar le abrió investigación a la alcaldesa de Chiriguaná, Zunilda Toloza Pérez, con base en el fallo en segunda instancia del Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar. EL PILÓN / Archivo.
Los alcaldes de Agustín Codazzi, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico deberán responder ante la Procuraduría Provincial de Valledupar, por presuntas irregularidades cometidas en lo corrido de su periodo administrativo.
Al alcalde de Agustín Codazzi, Luis Vladimir Peñaloza Fuentes, la Procuraduría Provincial de Valledupar le abrió proceso disciplinario luego de analizar y darle trámite a la denuncia de un particular por el presunto conflicto de intereses del mandatario local en la ejecución de un contrato de infraestructura.
Por Carlos Mario Jiménez
Carlos.jimenez@elpilon.com.co