Esa es la pregunta que se hacen las víctimas de los hechos más violentos que ocurrieron en el departamento del Cesar por cuenta de grupos armados ilegales (guerrilla y paramilitares). Aunque aún no se ha aprobado en el Congreso de la República el acto legislativo que le daría vida a la Jurisdicción Especial para la Paz y por lo que se vio en la sesión del miércoles pasado, no será fácil poner de acuerdo a los padres de la Patria en este tema, es momento de que en este departamento se piense en este escenario.
El ausentismo, los impedimentos de unos y las posiciones radicales de los que quedaron, hicieron que el debate en el Senado se complicara. Mientras ellos se ponen de acuerdo, es importante recordar qué es la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, la cual fue acordada el 23 de septiembre de 2015 por el Gobierno Nacional para que ejerza funciones judiciales y haga parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).
“La JEP cumplirá con el deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado”. Así está consignado en los acuerdos de La Habana.
La JEP tendrá competencia respecto de conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, cometidas con anterioridad a la firma del Acuerdo Final. Es decir, que los hechos, como las masacres, tendrán que llegar a esta instancia para esclarecer lo ocurrido, en caso de que no se haya logrado.
Este año varias masacres ocurridas en el Cesar cumplirán 20 años. ¿Cómo se están preparando las asociaciones de víctimas, los defensores de derechos humanos, las mesas de víctimas de los 25 municipios cesarenses?
Hechos como los ocurridos en El Toco, municipio de San Diego; Santafe y Estados Unidos en Becerril; Platanal y Casacará en Codazzi, son varios de los que esperan aun esclarecimiento. No hay que olvidar a las masacres de Mariangola en Valledupar, Santa Cecilia en Astrea, y otras más que aterrorizaron a los cesarenses.
Ojalá los senadores hagan quorum y puedan aprobar el acto legislativo de la JEP para que comiencen a darle forma a los cinco órganos que lo deben componer: Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Sala de Amnistía e Indulto, Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Unidad de Investigación y Acusación y el Tribunal para la Paz.
Ahora que renunció el asesor de Paz Departamental, Carlos Toro, se esperaría una mejor dinámica de esta oficina que puede marcar el compás entre la población víctima.