Incertidumbre e indignación son dos situaciones ‘tatuadas’ en el dolor de Moisés Paz, un vallenato que fue expulsado del Estado de Bolívar en Puerto Ordaz, (Venezuela), a raíz del crítico panorama social entre ese país y Colombia.
La mañana de ayer, Moisés Paz llegó en compañía de otras personas a las instalaciones de la oficina del Ministerio Público en la capital del Cesar, con el fin de exponer su querella y esperar que el Gobierno Nacional pueda ayudarlos a recuperar contacto con sus familiares residenciados en el vecino país.
“Tengo aproximadamente una semana de haber llegado a Valledupar, yo no quería salir de Venezuela pero me forzaron a salir, allá dejé todos mis bienes”, declaró Paz, quien dijo dedicarse a trabajar con víveres para sostener a su familia.
Con esta denuncia de este hombre de 45 años, la Defensoría del Pueblo seccional Cesar comenzó a recibir la queja de más de 20 deportados por abusos y violación de los Derechos Humanos por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, especialmente en zonas de frontera con los departamentos de Norte de Santander y La Guajira.
“Últimamente eso es un delito en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, por eso me acusaron de bachaquero y me sacaron del país; en todas partes de Venezuela los colombianos somos maltratados psicológicamente por el gobierno de Maduro”.
Llevaba unos 25 años de estar viviendo en Venezuela. Mientras entregaba declaraciones a EL PILÓN, movía de un lado a otro con sus manos la cédula venezolana que lo hace ciudadano nacionalizado de esa nación, sin embargo, su raíz es colombiana y por esa razón lo sacaron de allá”.
Moisés no pudo contener el llanto. “Yo no quisiera volver, pero sí quiero traerme a mi gente, mi familia quedó allá (lágrimas) tengo dos hijos y son menores de edad. Es difícil para uno que ha hecho vida en otro país y de la noche a la mañana tener que dejar a su familia y venirse acá donde uno está desactualizado, le agradecemos al presidente Santos la acogida, la forma humanitaria en que nos tratan”.
Finalmente Moisés Paz no logró hacer su denuncia en la Defensoría del Pueblo porque la primera institución que debía visitar era Migración Colombia, y luego si remitirse a la Defensoría. Por ahora seguirá radicado bajo el lecho de unos familiares en Valledupar, mientras recibe ayudas del Gobierno Nacional y Local.
Aumentan las quejas
En la oficina de Quejas de la Defensoría del Pueblo en el Cesar, desde el 26 de agosto hasta la mañana de ayer, se habían recibido 28 denuncias en contra del gobierno venezolano por parte de ciudadanos.
Una de ellas fue Claudia Murillo Lindarte, quien llegó desde Urueña, Estado Táchira, luego de un traslado hecho por la Defensoría en Cúcuta con dos de sus tres hijos, uno de 20 y otro de 14 años, el otro lo dejó en Venezuela por falta de recursos.
“Me salí porque a mi hijo le quitaron los documentos y al enterarme de la situación preferí venirme, la Guardia Nacional hace recorridos y sin ninguna razón le retira sus documentos, entonces los capturan y los hacen pasar como paramilitares”, indicó.
A nivel nacional, son 1.242 las quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo tras el ingreso masivo de colombianos deportados desde Venezuela, siendo el maltrato físico y verbal de las autoridades venezolanas, con 474 hechos reportados, el tema más recurrente entre los denunciantes, que además advierten situaciones como la desintegración familiar, con 431 casos; el despojo de pertenencias durante los desalojos, con 252 quejas; la destrucción de viviendas, con 180 declaraciones y la retención de documentos, con 133 denuncias. Además, cuatro quejas hacen referencia a actos sexuales.
Cabe resaltar que los municipios venezolanos en los que rige el estado de excepción son: Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta.
Protocolo necesario
Valledupar es uno de los lugares escogidos por los deportados desde Venezuela para reubicarse mientras mejora la situación o de lo contrario se quedarán en la ciudad. Ante esta situación, el secretario de Gobierno Municipal, Carlos Mario Céspedes explicó que el viernes anterior sostuvo una reunión en Medellín con entidades como Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, entre otras encargadas de dicha competencia a nivel nacional y así replicarlos en esta capital.
“Estuvimos invitados por la Unidad de Riesgos y Desastres que se está encargando de la atención humanitaria de los deportados de Venezuela. La hoja de ruta es la siguiente: Migración Colombia debe tener un registro, por eso las personas deben dirigirse a la oficina en Valledupar y luego sí pasar a la Secretaría de Gobierno o Defensoría del Pueblo para conocer su queja”, señaló el funcionario.
Céspedes manifestó que el gobierno entregará un subsidio por 250 mil pesos durante tres meses a los afectados por las decisiones del vecino país.
Hierbas al tigre
En su reciente visita a Valledupar, el expresidente y actual Senador, Álvaro Uribe Vélez rechazó lo dicho por el gobierno de Nicolás Maduro sobre una supuesta guerra económica en Colombia en contra de Venezuela para desestabilizar la economía de ese país. “No es así, la causa del mal de la economía venezolana tiene muchas explicaciones, me refiero a tres; destruyeron la industria, la agricultura y han permitido que un grupo de venezolanos corruptos al servicio de la corrupción se enriquezca con los contratos de la corrupción”.
Uribe Vélez sostuvo que “cuando decimos que el gobierno tiene que superar esta fracasada diplomacia de pretender amansar el tigre con hierbas y con lechugas, cuando el tigre es carnívoro, es porque pedimos una diplomacia que no esté hablando de diálogos de sordos mientras sigue tipificando el genocidio contra colombianos”, dijo.
Desde Venezuela
El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que “la inmigración ilegal es utilizada para afirmar que se violan los derechos humanos de los ciudadanos colombianos”, durante una entrevista realizada en el canal Venezolana de Televisión.
Igualmente, desmintió las acusaciones que se han realizado de que los deportados colombianos han sido maltratados, afirmando que se les está ofreciendo ayuda humanitaria para regresar por la frontera.
Colombia insiste
El Gobierno Nacional anunció que seguirá denunciando el atropello del que han sido objeto miles de colombianos en la frontera con Venezuela.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que se debe mostrar la manera salvaje como han sido tratados los colombianos por parte de las autoridades venezolanas.
En ese sentido, el alto funcionario aseguró que Colombia buscará llevar ante el consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas las pruebas contra las autoridades del vecino país.
“Hay que seguir insistiendo en la denuncia de estos atropellos en los distintos escenarios multilaterales con cada uno de los gobiernos de América”, manifestó.
En la oficina de Quejas de la Defensoría del Pueblo en el Cesar se habían recibido 28 denuncias en contra del gobierno venezolano por ciudadanos colombianos.
El maltrato físico y verbal de las autoridades venezolanas, con 474 hechos reportados, es el tema más recurrente en la Defensoría del Pueblo.
“Es difícil para uno que ha hecho vida en otro país y de la noche a la mañana tener que dejar su familia y venirse acá donde uno está desactualizado”: Moisés Paz.
Quejas recibidas en la Defensoría del Pueblo
Desintegración familiar: 431 casos.
Despojo de pertenencias durante los desalojos: 252 quejas.
Destrucción de viviendas: 180 declaraciones.
Retención de documentos: 133 denuncias.
Actos sexuales: 4 quejas.
Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
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