Sísifo fue condenado por los dioses a cargar una enorme roca montaña arriba y, justo antes de llegar a la cima, la piedra rodaba para que el condenado reiniciara su tarea. Así les pasa a los productores agropecuarios, que con la fuerza de sus expectativas y al vaivén de los avatares de la producción, el clima y los precios, deben cargar con el lastre sus deudas, amarradas a hipotecas leoninas y exclusivas que, justo antes de liberarse, caen nuevamente al piso de la refinanciación o la restructuración, con la misma sobregarantía y con las manos atadas para acceder a recursos frescos y mejores condiciones.
Es un hecho que el flujo de crédito al productor rural es insuficiente. Una de las razones –ya lo vimos– es la fuga de la cartera sustitutiva principalmente, hacia actividades como la industria y el comercio, que son eslabones de las cadenas productivas pero no hacen parte del sector y, por lo tanto, no deberían sustraer recursos del instrumento diseñado para apalancar con crédito al productor primario.
Otra razón es la barrera de las garantías, infranqueable para quienes no poseen un inmueble o son tenedores sin títulos apropiados, carencia que aqueja a cerca del 50% de los predios rurales, en su mayoría de pequeños productores sin acceso real al crédito. Quedan los que entregaron su predio en garantía a un banco que, generalmente, los atrapa con prendas que sobrepasan en mucho el valor de las acreencias, lo cual ya representa una asimetría sustancial, a la cual se suman los costos imposibles que tal condición incorpora a la hora de pretender liberarse.
En nuestro país, el mercado de crédito ordinario –o urbano si se quiere– es de vendedores, con una banca a la caza de clientes que se dan el lujo de escoger, negociar y moverse de una entidad a otra por mejores condiciones.
El de crédito agropecuario, por el contrario, es un mercado de compradores, en el que las entidades no hacen nada para captar clientes, porque es el productor quien debe buscar el banco que lo acepte y, literalmente, amarrarse a sus condiciones.
La diferencia es evidente. Como clientes urbanos recibimos todos los días tarjetas de crédito que no pedimos y ofertas atractivas de compra de cartera. Como clientes rurales nadie se pelea nuestras deudas, y cambiar de banco es una aventura de costosas liberaciones, nuevos otorgamientos y trámites engorrosos, sin el aliciente de condiciones realmente mejores.
Desde la dirigencia gremial he propuesto una alternativa a esta trampa de la inmovilidad de las garantías. Para el crédito de redescuento con recursos de Finagro, y aún para la cartera sustitutiva, con recursos de los bancos que reemplazan una obligación legal de colocación, Finagro debe convertirse en un administrador de garantías rurales que colocarían allí los productores agropecuarios, a partir de rigurosos avalúos comerciales.
El usuario, como corresponde, busca el banco de su conveniencia y, cuando la banca lo requiera, Finagro expide una certificación de garantía por un valor ajustado al monto realmente aprobado –normalmente del 130%–, la cual debe ser aceptada por la entidad bancaria. De esta manera, el productor rural, como cualquier citadino, no solo puede escoger banco y las mejores condiciones, sino que se libera del yugo de hipotecas exclusivas y sobregarantizadas.
Si se aumenta la oferta taponando la fuga de recursos hacia otros sectores y, si del lado de la demanda, se elimina la trampa de las garantías con un sistema que permita su movilidad y la de la cartera misma, se democratizará el acceso al crédito agropecuario, finalidad incuestionable de Finagro.