Aunque ya no nos sean tan extraños los actos bochornosos en el Congreso de la República, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, no deja de ser repudiable que no primen las confrontaciones de ideas y se sigan imponiendo los amedrentamientos, insultos y golpes en los honorables recintos.
Lamentable lo sucedido la noche del pasado jueves en el municipio Pueblo Bello, donde miembros del Concejo y asistentes a una sesión terminaron trenzados a puños, con el lamentable saldo de una mujer herida, que llamó la atención al circular su rostro ensangrentado por las redes sociales.
Ese triste episodio era previsible con los tensionantes debates desarrollados sobre el proyecto de acuerdo presentado por el alcalde para hacer un empréstito por 6 mil millones de pesos, que serían destinados para la construcción de vías terciarias y mejoramiento del alcantarillado. Los ánimos se caldearon más ese día que la presidenta del Concejo definió la comisión para el estudio de dicho proyecto de acuerdo.
En el caso deben intervenir los organismos de control para adelantar las investigaciones correspondientes para establecer si hay transparencia en el manejo del polémico acuerdo y, por supuesto, si hay responsabilidades penales y disciplinarias en el bochornoso hecho que generó denuncias por lesiones personales, injuria y calumnia.
El próximo mes de noviembre reiniciarán las sesiones ordinarias, por lo que hacemos un llamado a la cordura a los concejales de Pueblo Bello para que se hagan debates con altura, con argumentos, sin nuevos hechos de violencia, y que les permiten revisar los proyectos para atender las necesidades básicas insatisfechas del municipio.
Otro hecho preocupante es que el diputado Julio Casadiegos Navarro haya tenido que irse del país por amenazas de muerte y renunciar a la Asamblea del Cesar. Aunque hay gente que pone en tela de juicio sus actuaciones, no desconocemos que el militante de Cambio Radical sí ha tocado callos en el manejo de lo público, haciendo públicos hechos de corrupción que la mayoría de corporados prefiere no ventilar.
Luego de analizar estos casos, concluimos que urge dignidad en la política, se requieren mayores garantías por parte de la institucionalidad para garantizar los derechos de elegidos y electores. Por su parte, los miembros de las corporaciones deben propender por no caer en los escándalos de corrupción y dedicarse a cumplir con su principal obligación constitucional, servirle a la comunidad.
Es triste que los votantes vean como a las personas que ellos eligieron terminan presos, amenazados, inhabilitados o en otras condiciones que no les permiten representar dignamente a su electorado. Hay que dignificar la política.