Considerando que no se respetó el derecho a la consulta previa, la Corte Constitucional falló a favor de 15 consejos comunitarios campesinos que, en una demanda, solicitaban tumbar dos resoluciones del 2012 que establecieron zonas de reserva minera en el Cesar y en 19 departamentos más del país.
Con esta decisión quedó sin efectos las resoluciones del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional Minera que delimitaron y declararon áreas estratégicas de minería en los departamentos de Cesar, La Guajira, Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.
Estas zonas se crearon después de que el Congreso aprobara el Plan de Desarrollo 2010-2014 que estableció que la autoridad minera determinará los minerales de interés estratégico para el país, sobre los que podrá delimitar las áreas especiales en áreas que se encuentren libres.
Para los demandantes, las áreas mineras que se delimitaron en las mencionadas resoluciones se hicieron sobre territorios ancestrales de las comunidades afrodescendientes. Estas podían ser adjudicadas en los próximos cinco o 10 años, dependiendo del tipo de conocimiento geológico que se tenga sobre la zona.
La Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, recordó en la sentencia que los pueblos indígenas y las comunidades negras tienen derechos fundamentales de especial protección, aseverando que “si bien el Gobierno Nacional realizó los estudios en el campo geológico, geofísico y geoquímico e integró la información cartográfica temática disponible para delimitar las áreas estratégicas, este no hizo los estudios poblacionales y socioambientales correspondientes, en los que se considera el potencial biótico, abiótico y natural de dichos territorios, así como su actual destinación económica y productiva y su importancia cultural para las comunidades que las habitan o las circundan”.
Al respecto, la secretaria de Minas del Cesar, Carmen Galvis, manifestó que “el fallo está relacionado con la línea negra. El Cesar está dentro de los departamentos (junto con Magdalena y La Guajira) con la línea negra; tiene cerca de 100 títulos y deben entrar a consulta previa. Para ello es que estamos haciendo las mesas de concertación con los cuatro cabildos gobernadores indígenas, para ver cómo vamos a trabajar en estas zonas. Ellos dan el fallo, pero entraríamos a concertación con los afectados, que vienen siendo los indígenas”.