Los empalmes en Colombia, previos al cambio de gobierno, han sido actos protocolarios, como si fuera el intercambio de la llama olímpica; queda la impresión de la falta de rigor en el análisis de lo sucedido en el cuatrienio que termina. Y, tal vez no se diga toda la verdad, mucho menos cuando quien vaya a recibir sea de la oposición.
La nación nunca se entera de lo encontrado porque el contubernio es necesario. Lo que se debe hacer es un corte de cuentas que delimite el pasado del futuro. En un empalme convencional no se miran indicadores ni se denuncian las anomalías encontradas porque todo debe quedar en casa, los que entregan son los mismos que reciben y entre bomberos no se pisan la manguera.
Es a partir de un riguroso corte de cuentas como se pueden construir y medir todas las acciones del gobierno. Teniendo este conocimiento, el informe de gestión del presidente saliente deberá ser más ajustado a la realidad y más alejado de la retórica tropical. La vara para medir la gestión de cualquier funcionario son los indicadores bajo su responsabilidad; a un presidente de la república se le mide por el manejo absoluto y relativo de los indicadores socioeconómicos bajo su dominio, comparable con los obtenidos en periodos anteriores y con los países pares.
Siempre hay que medir y comparar. Una de las variables, cuya evolución debemos conocer, es la deuda externa. En 2018 fue US$127 mil millones, el 36% del PIB mientras tanto en 2022, a junio 30, ascendió a US$175 mil millones, el 57% del PIB; el crecimiento en el periodo fue 58.3%, inédito.
Cuando un país se encuentra en este nivel de endeudamiento, se dice que está en “default”, esto es, su deuda es impagable. De ahí las descalificaciones que ha recibido Colombia por parte de las evaluadoras internacionales de riesgos.
Vivimos al debe. Paralelamente, hay que medir el déficit fiscal; en 2018, el país terminó con un déficit fiscal de US$29.91 billones, el 3% del PIB de ese año; en el 2022 ya vamos por US$83 billones, el 6.8% del PIB, creciendo 36%. Un indicador muy importante es la capacidad de recaudos tributarios del sistema impositivo. En 2018, estos ascendieron a $144.4 billones, en 2021 se recaudaron $173.6 billones, 20.2% más transcurridos tres años; a junio de este año, van $113.98 billones.
Un referente válido para compararnos en eficiencia fiscal es la OCDE de la cual somos miembros; esta organización recauda 33% del PIB mientras que nosotros solo alcanzamos el 14.2%; esto puede deberse a la extensa gama de elusiones y exenciones concedidas a grupos privilegiados de la sociedad. El déficit fiscal está en función de la capacidad de recaudos y de los gastos de funcionamiento.
El Estado colombiano es la empresa que más empleos genera; hoy su nómina está representada por 1.2 millones de personas. Ninguna empresa en el país genera tantos puestos de trabajo. Un indicador que le da un valor ético agregado a un país es su nivel de transparencia, el gobierno entrante lo recibirá en 52%, según Transparencia Internacional; además, somos el país más corrupto.
El respeto a los derechos humanos es una carta de presentación ante el mundo; en esta materia, el actual gobierno se raja; durante este han sido asesinados 930 líderes sociales, 19.4/mes, según Indepaz; solo en los primeros seis meses del año van 54 líderes asesinados. ¡Genocidio! Esto no se ve en ninguna otra parte del mundo. Son muchos más los elementos a cruzar.
Aquí solo damos las cifras que ofrecen ciertos organismos del Estado u ONGs, pero en las comisiones de cruce quizás aparecerán nuevas realidades desconocidas; de pronto tendrán que valerse de arqueólogos sociales para revelar lo escondido en las rendijas de la administración. Podríamos encontrar sorpresas.