Luego de que el Senado de la República diera luz verde a la iniciativa en la que fueron incluidas las modificaciones del Centro Democrático sobre extradición y proceso especial para militares y policías, la Justicia Especial para la Paz ya tiene sus reglas de procedimiento. Ahora la Corte Constitucional debe declararla legítima para pasar, finalmente, a sanción presidencial.
Esta aprobación, además de darle una normatividad a la JEP para que comience a operar con todas las herramientas jurídicas que tiene, fue un pulso político entre el Gobierno saliente, de Juan Manuel Santos, y el entrante de Iván Duque, quien por una solicitud al Congreso puso en jaque a la jurisdicción.
Sin embargo, hay quienes aún tienen reparos a lo que se votó sobre las modificaciones propuestas por el uribismo que buscan darle un tratamiento diferencial a los miembros de la Fuerza Pública a la hora de ser juzgados y anular las facultades probatorias de la Jurisdicción para que esta no pueda practicar pruebas a la hora de definir la fecha de la comisión de un delito por el cual algún actor del conflicto armado sea solicitado en extradición.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aclaró que antes de que el presidente firme la ley esta pasará por la revisión de la Corte Constitucional y será quien tenga la última palabra.
“Aquí lo que ha ganado es el procedimiento de la Justicia Especial para la Paz, que ya existe. Esto no era así hace un día o un mes, y hoy ya tenemos un procedimiento que va en la línea de lo que pidieron los comandantes de las Fuerzas Armadas: que era necesario que el Congreso de la República enfrentara esta votación”, indicó.
El nuevo fiscal de la Unidad Investigativa de la JEP, Rafael Aponte Martínez, dijo a EL PILÓN que la importancia de esto es para las víctimas, que son lo fundamental del acuerdo. “Creo que si no se aprobaba simplemente iba a ser un retraso en la adopción de estas normas; pero no lleva el traste con la adopción de la Justicia Especial Para la Paz”, acotó el jurista vallenato.