Este viernes finalizó en La Guajira una inspección liderada por el magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Iván Humberto Escruceria Mayolo, la cual verificó los avances de la Sentencia T-302 de 2017, que busca garantizar los derechos de acceso al agua potable, salud y seguridad alimentaria a los niños wayuu de los municipios de Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha, para evitar que sigan muriendo por factores asociados a la desnutrición.
Estas visitas estuvieron acompañadas por funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes mostraron el trabajo realizado a la primera infancia a través de las Unidades Comunitarias de Atención (UCA), las Unidades Móviles, las Unidades de Búsqueda Activa y todos los servicios destinados a promover y garantizar los derechos de la niñez.
Este también fue un escenario donde el ICBF le presentó a la Corte Constitucional y a las comunidades, el nuevo modelo de atención integral y las zonas de recuperación nutricional, que empezarán a operar desde el mes de octubre de 2022, previo a unas jornadas de diálogo y concertación con la comunidad, y donde se plantean soluciones estructurales como la seguridad alimentaria, a través de la soberanía alimentaria, una mayor articulación con el sector salud y un trabajo interinstitucional con los ministerios de Educación, Deporte, Cultura, entre otras entidades del gobierno nacional y departamental.
La revisión incluyó, entre otros temas, el análisis de medidas para suministrar a las comunidades acceso al agua potable, alimentación y salud, por lo cual participaron entidades vinculadas como los ministerios del Interior, Salud, Agricultura, Justicia, así como las secretarías municipales, alcaldías locales; y en representación de la comunidad asistieron los entes de control: Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Veeduría Nacional, entre otros.