En el imaginario colectivo de los colombianos, como en todos los países y comunidades, se ha formado el prejuicio que la corrupción está en las regiones, mas no en la capital del país. Y en ese imaginario, siempre se ha pensado y dicho -en privado, pero también en público, de manera hipócrita y socarrona, que los campeones de la corrupción están en la Costa Atlántica.
La realidad, que es tozuda, se ha encargado de confirmar, una vez más, la que se podría considerar una verdad de Perogrullo: la corrupción está es donde está la plata, y donde hay oportunidades de apropiarse de manera ilegal de bienes, rentas y otro tipo de bienes públicos, que es el nombre técnico con el que se designa la corrupción.
Pues bien, lo sucedido con el llamado Grupo Nule, una sociedad de jóvenes oriundos de Sucre y el Atlántico, que gracias a sus influencias y al poder político de sus familiares conformaron un conjunto de empresas que – en muy poco tiempo- se hicieron a una parte muy importante de la contratación pública de la Nación y del distrito capital, Bogotá, demuestra, como dice el adagio, “que en todas partes se cuecen habas”.
La historia de esta quiebra y defraudación al Estado, como también a varios particulares, es el ejemplo más palpable de la ineficiencia del estado colombiano. El ciudadano común y corriente no se explica donde estaban las superintendencias de Sociedades, y Financiera, la misma Dirección de Impuestos y Aduanas, Dian, entre otras instituciones, cuando se presentó el crecimiento – inusitado y sospechoso- de un nuevo grupo económico, virtualmente de papel, con sociedades débiles, sin el debido respaldo de capital y las debidas garantías, para acceder a las billonarias contrataciones que accedieron. ¿Nadie vio nada?.
¿Qué pasó con las alertas tempranas que las autoridades económicas deben tener, principalmente las superintendencias, sobre las grandes y medianas empresas del sector real y del sector financiero del país?. Era un secreto a voces el crecimiento patrimonial de esas empresas, creadas por unos muchachos que apenas tenían su cédula y sus títulos universitarios, y una fachada creada a punta de relaciones públicas en cocteles y en las páginas de revistas frívolas.
Nos preguntamos, ¿cuántos grupos como el de los Nule existen por ahí, bajo el paraguas de negocios otorgados al amparo de favores políticos, pero no por la idoneidad, la meritocracia y la capacidad económica, como debería ser en el sector de infraestructura, como también en otros sectores de la contratación con el estado.
Lo sucedido en Bogotá, es lamentable y afecta a toda la Nación, por cuanto son recursos públicos, que deben ser sagrados. El desastre de la capital del país, bajo el gobierno de Samuel Moreno Rojas, además de significar el fondo de la crisis del Polo Democrático Alternativo, debe servir de referencia para reiterar que la corrupción no es patrimonio de las regiones, y menos sólo de la Costa.
El fenómeno existe y sobrevive en todas las regiones del país, y también en las altas cumbres en Bogotá, en donde más dinero se maneja y las estrategias de los corruptos adquieren mayor sofisticación al amparo de habilidosos abogados, contadores, administradores y financieros, que se las han ingeniado para desangrar, año tras año, al Estado colombiano, en varios billones de pesos que harían innecesaria la reforma tributaria que prepara el gobierno y que serviría para financiar tantos programas sociales: en atención al hambre, la pobreza y la marginalidad, que afectan a millones de colombianos.
Además del caso del Grupo Nule, sobre el cual el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, ha dado ejemplo de verticalidad y rapidez en su fallo de sanción con destitución e inhabilidad, al congresista Germán Olano, y el Contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi.
Igualmente, hay que resaltar la decisión de la Fiscal General, Vivianne Morales Hoyos, con el caso de Agro Ingreso Seguro, que afecta a tantas personas en Bogotá, Antioquia y también en la Costa; caso en el cual el país espera que se de el respeto al debido proceso, se obre con transparencia en la aplicación de justicia, pero que busque recuperar los recursos públicos que fueron manejados de una manera descarada y absurda. Y la decisión de la Contralora General de la República, Sandra Morrelli, de embargar, como medida precautelar, las cuentas de los dos últimos ministros de agricultura del gobierno del Presidente Uribe, Andrés Felipe Arias, y Andrés Fernández, también por el manejo del programa AIS.
Estos casos, como también el manejo de las regalías en los departamentos y municipios productores, confirman la necesidad de intensificar los controles y las prácticas contra la corrupción; de fortalecer el trabajo conjunto de los organismos de control y las veedurías y el control social sobre el manejo de los recursos públicos, a la manera como lo ha buscado el CSir en el Cesar, haciendo realidad el concepto de cultura ciudadana, transparencia y control social a la gestión fiscal, que tanto falta nos hace a todo nivel, comenzando desde la capital, pero llegando hasta el más pequeño de los municipios y veredas del país, donde muchas veces la plata del Estado se maneja peor que una finca o tienda privada y mal administrada. La corrupción no es sólo patrimonio costeño, donde debemos denunciarla y combatirla; está en todas partes y también al más alto nivel.