El próximo 4 de febrero iniciará el año escolar en los colegios públicos y privados, por lo que en estos días previos los padres de familia entran en la afanosa compra de útiles y como todos los años no han faltado las inconformidades por los ya famosos útiles inútiles que aparecen en las listas.
Aquí el llamado de atención es para los colegios privados para que se limiten a pedir los útiles escolares estrictamente necesarios que les permitan a los estudiantes cursar sin contratiempo el año escolar. Reconocemos que los útiles son muy importantes para el proceso educativo, pero el Ministerio de Educación ha insistido en que en ningún momento pueden convertirse en una carga desproporcionada para los padres de familia. Es claro que en ninguna circunstancia los elementos solicitados podrán reemplazar gastos de funcionamiento de planteles educativos.
Los controles sobre este asunto están a cargo de las secretarías de Educación, pero cabe recordar que hay responsabilidad compartida porque las listas de útiles deben ser aprobadas por los consejos directivos de la instituciones, órganos en los cuales participan padres de familia, estudiantes y exalumnos. Mineducación históricamente ha advertido que los colegios deben socializar el calendario de uso de los materiales para que los adquieran a medida que se vayan necesitando y no todo de un tajo, como se ha presentado en algunos casos, pero la mayoría hace caso omiso.
Los colegios públicos no tienen mayores problemas con la exigencia de útiles que afecten el bolsillo de los padres de familia, pero anualmente presentan un mal que afecta a los estudiantes de los sectores más vulnerables. Se trata de los contratos de transporte y alimentación que rara vez inician a la par del año lectivo, y si lo hacen no terminan juntos.
Las denuncias de veedurías, de medios, las capturas de la Fiscalía a los carteles del PAE parecen inútiles, porque se sigue afectando la prestación de un servicio tan importante como es el complemento alimenticio de los estudiantes más pobres.
Hace dos semanas la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a los gobernadores y alcaldes a realizar de manera diligente las acciones para poner en marcha el Programa de Alimentación Escolar desde el primer día de clases.
Al Ministerio Público le preocupan los casos de los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Sucre, así como los municipios de Buenaventura, Ipiales, Palmira, Tumaco y Valledupar, que, según informó el Ministerio de Educación Nacional, al 8 de enero no habían definido cómo efectuarán la prestación de este servicio, y en algunos casos ni siquiera han realizado la publicación de pliegos para adelantar el respectivo proceso de contratación, lo que significa una eventual vulneración del derecho a la educación de 460 mil beneficiarios.
De 96 entidades territoriales certificadas en 2018, solo 38 iniciaron la entrega del complemento alimentario desde el primer día de clases. En más de la mitad del país la operación del PAE comenzó dos o tres semanas después, y en algunos casos, las demoras superaron los 2 meses. Faltan pocos días, esperamos que no se repita la historia.
El órgano de control adelanta cientos de acciones disciplinarias por irregularidades en la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el país, pero insistimos, esos controles resultan inútiles, hay que buscar medidas más contundentes.