El panorama deplorable presentado por el Alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, sobre la crítica situación financiera de Valledupar amerita una profunda investigación por parte de los organismos de control, y en particular de la Contraloría Municipal de Valledupar, ahora en cabeza de la abogada Mercedes Vásquez Ramírez, y también de la Contraloría General de la República, que gerencia en esta zona del país el joven abogado José Soto Murgas.
Hizo bien el Alcalde Socarrás Reales, insistimos, al presentar a la comunidad, a través de los medios de comunicación, algunos detalles de la situación económica y financiera que encontró, por cuanto haber omitido ese ejercicio de corte público de cuentas podría representar, en el futuro, un silencio cómplice sobre la verdadera situación en la que dejó a Valledupar, la administración de Luis Fabián Fernández.
La ciudadanía de Valledupar está a la expectativa de conocer, en su debido momento – según los términos y tiempos jurídicos-, la verdadera situación del Municipio, en sus aspectos administrativos y financieros. Ya son conocidos los problemas de corrupción en torno parte del personal y de intermediarios que rodearon o rodean?, a la Secretaría de Hacienda, que requiere una purga a fondo y nuevos sistemas, más seguros e infranqueables, para que la situación que se registró en el pasado no se vuelva a repetir.
La comunidad no quedó para nada satisfecha con las declaraciones alegres dadas por Fernández Maestre, en el sentido que se trata de un problema solamente financiero y que es lógico que al principio de la administración exista una escasez de recursos y también un montón de obligaciones pendientes.
El buen uso de los recursos públicos implica una adecuada planeación del gasto, un adecuado cronograma de ingresos y pagos y un endeudamiento razonable, teniendo en cuenta la capacidad de pago de la ciudad y los escenarios económicos de la misma; por eso se habla de proyecciones y presupuesto. Decir que todo se limita, de manera irrespetuosa, a un problema de “ignorancia” sobre el manejo de la Hacienda Pública, no deja de ser una frase folclórica y una verdadera falta de respeto hacia el Alcalde y su equipo de trabajo.
De allí la gran responsabilidad, insistimos, que tienen la nueva Contralora Municipal, como también la Personería Municipal, la Contraloría General y la Procuraduría General de la Nación, cada una en lo de su competencia, de adelantar con celeridad las auditorías e investigaciones a que haya lugar, para indagar a fondo la gravedad del problema e informar a la ciudadanía sobre la realidad financiera de la ciudad. Sería bueno conocer, a fondo, el impacto de las concesiones en este tema, y si hasta donde hubo problemas de ineficiencia o corrupción, como se detectó en la Hacienda Pública en la pasada administración; hoy objeto de una investigación judicial.
Corresponde a estos mismos organismos de control, y también a la nueva administración, propiciar el control social y la veeduría ciudadana en el manejo de los recursos y bienes públicos, reiteramos, y despejar las dudas, intrigas y consejas que se tejen sobre la misma. Este es un ejercicio necesario para volver a recuperar la confianza de los contribuyentes y de la ciudadanía, en general, en las instituciones municipales.