Todo ciudadano colombiano, incluyendo técnicos, tecnólogos, profesionales y mano de obra no calificada, deben cumplir decisiones que se ajusten al derecho y generen beneficios colectivos para el desarrollo de la sociedad. Estas contrataciones deben estar ajenas a imposiciones de barreras burocráticas y administrativas como está sucediendo actualmente en el país.
Cumplir la correcta normatividad en el proceso laboral es una de la formas de buscar paz; pero degrada de manera grave la función desbaratada en el equilibrio de la contratación laboral, donde se pierde la credibilidad para una alternativa de carácter programático que coadyuve a la transformación social. Ilustramos como ejemplos las famosas contrataciones de O.P.S. (Orden de Prestación de Servicios) que se hacen a términos cortos, violando así los compromisos en materia de seguridad social, periodo de lactancia y otras prestaciones sociales. Otra forma aberrante de atropellar las esperanzas del ciudadano de a pie es la tercerización, un poco frenada.
Toda esta diatriba forma parte del conflicto de intereses orquestado por capitalistas en el sector privado y caciques políticos en lo público. En este orden de ideas, encontramos atropellos a la legitimidad, direccionados a lo largo y ancho de la geografía colombiana por concejales, diputados, representantes a la cámara, senadores, alcaldes, gobernadores y presidente; protagonistas todos ellos del andamiaje político-administrativo que utilizan cualquier clase de artimañas para socavar y exprimir la voluntad de los desposeídos en Colombia, ansiosos de mejorar sus condiciones de vida a través de un contrato laboral; por ello no es extraño en este flagelo que se ha convertido en un referente cultural, encontrar celadores de hospitales recomendados por políticos a quienes tienen que corresponder con porcentaje de su sueldo, algo totalmente irregular; igual sucede en la contratación de docentes a nivel municipal, distrital y departamental; también involucra los nombramientos de secretarios de despachos y restantes funcionarios.
Esto es una vergüenza nacional que toca corregir y que se ha constituido en un drama social y foco de corrupción. Por todo lo anterior, Colombia requiere con urgencia una búsqueda colectiva de la moralidad. Ante esta complicidad de la institucionalidad, preguntamos: ¿Qué hacer? Primero se necesita denunciar, emprender entre todos una tarea conjunta y sin tregua para evitar que en el futuro la indolencia y la omisión permitan el fortalecimiento de más corrupción.
Meritocracia ¿Qué es eso? Siempre se habla que a los diversos cargos públicos a ofertar, deben acceder a ellos ciudadanos capacitados que estén a la altura de las exigencias propias de esas funciones. La Constitución Política prioriza la meritocracia en concursos a cargos públicos, pero en la realidad esto no se da. Los solicitantes quedan desilusionados al no poder llegar al desempeño de esos roles; pero más decepcionados permanecerán al no entender cuáles han sido los criterios de escogencia; que pueden estar entre influencias políticas, padrinazgos entre otras. Bajo estas circunstancias es menester apropiarnos de mayor conciencia para que el proceso de meritocracia cumpla con unos estándares mínimos de organización y orden; desafortunadamente somos conformistas y apáticos; el abandono, la dejadez y la desidia han sido características imperantes. Para ello necesitamos voluntad que permita consolidar un pacto social, en materia laboral y concertar planes de estudio que correspondan a las necesidades.
De practicarse la Meritocracia, estaríamos en el sendero de darle a cada quien lo que le corresponde; esa palabra proviene del latín meritum: debida recompensa.
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Por Jairo Franco Salas